La competencia constituye, desde el punto de vista teórico y jurídico, uno de los aspectos centrales para la organización y funcionamiento de la Administración Pública, en tanto ciencia, así como una de las materias más connotadas, inherentes al Derecho Administrativo; de hecho, existen distintas técnicas que permiten que esta sea racionalmente distribuida y asignada a los entes y órganos públicos, siempre procurando su ejercicio oportuno, con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.

De la misma forma, se establecen determinados principios y normas que contribuyen a que el ejercicio de las competencias administrativas se produzca sobre la base de relaciones armoniosas entre las instituciones estatales, de ellos se pueden citar la jerarquía, la coordinación, la colaboración, la lealtad institucional, la delegación, entre otros.