Entre la misión declarada y la práctica cotidiana, el Ministerio de Administración Pública exhibe brechas que impactan la profesionalización, la transparencia y la equidad salarial en el Estado dominicano.
Desde hace varios años, en la sociedad dominicana muchas cosas marchan manga por hombro. Una de ellas, sin duda, es la distorsión salarial en las agencias públicas, entidades y organismos especializados centralizados, descentralizados y autónomos. Dicho de otra manera, el Ministerio de Administración Pública (MAP) no ha dado pie con bola respecto a su misión, visión, objetivos y funciones.
Según establecen los documentos oficiales, el MAP es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función Pública (41-08), del fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del desarrollo del Gobierno Electrónico y de los procesos de evaluación de la gestión institucional.
Entre sus funciones primordiales —las cuales, en la práctica, se cumplen de manera tímida— figuran:
Garantizar la profesionalización de la Administración Pública e implantar un sistema racional y moderno de gestión de los recursos humanos.
