Diario Libre publicó recientemente, en su columna De buena tinta, un comentario provocador titulado «Alcaldías no, oficinas de servicio sí».
Parte de una contradicción real: los ayuntamientos pueden ordenar el tránsito, pero tienen limitaciones para sancionar; administran el espacio público, pero encuentran obstáculos para establecer determinados arbitrios; tienen autonomía reconocida constitucionalmente, pero muchas de sus actuaciones chocan con competencias atribuidas a instituciones del Gobierno central.
Hasta ahí podemos coincidir. Donde discrepamos profundamente es en la solución.
Convertir las alcaldías en simples oficinas encargadas de recoger basura, podar árboles, reparar contenes, mantener parques y cambiar bombillos sería retroceder décadas en materia de descentralización. Más aún: sería caminar en dirección contraria a la Constitución.
El artículo 199 de nuestra Carta Magna reconoce al Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales como la base del sistema político-administrativo local y les garantiza autonomía presupuestaria y potestades normativas, administrativas y de uso de suelo.
