El Banco Central advirtió este miércoles que las informaciones publicadas respecto de una sentencia que le impone el pago de US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, en relación con terrenos ubicados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera, reflejan una visión incompleta de la situación jurídica del caso.
La institución, en una nota, explicó que el proceso judicial al que se refieren algunos medios de comunicación ha tenido una extensa trayectoria procesal, incluyendo decisiones de distintos tribunales, entre ellos el Tribunal Superior de Tierras, así como recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
Expuso que la decisión tomada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se encuentra sujeta a los recursos que establece el ordenamiento jurídico dominicano, incluyendo el conocimiento y decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia.
En cuanto al origen de la operación objeto del litigio, el Banco Central precisó que esta se produjo en el marco del pago de acreencias de contratistas del Estado dominicano para la ampliación de la Autopista Duarte, a través de la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
Como parte de ese proceso, y a partir del 1999, el Banco Central entregó a los contratistas correspondientes, a título de dación en pago y por cuenta del Estado dominicano, terrenos de su propiedad localizados en el sector de Herrera, a requerimiento del Poder Ejecutivo y previa autorización de la Junta Monetaria.
