La República Dominicana tiene una estructura constitucional que reconoce a los municipios como la base del sistema político-administrativo local, les otorga autonomía presupuestaria y potestades normativa, administrativa y de uso de suelo, y establece que el Estado debe transferir competencias y recursos hacia los gobiernos locales.
Sin embargo, la municipalidad dominicana enfrenta desde hace años una paradoja: las alcaldías tienen numerosas responsabilidades establecidas por ley, pero recursos limitados para cumplirlas, mientras instituciones del Gobierno central intervienen cada vez más en asuntos dentro de los territorios municipales.
El fenómeno se expresa en calles, aceras, espacios públicos, tránsito, ordenamiento urbano, alumbrado, residuos sólidos, áreas verdes y grandes obras de infraestructura. Para el municipalista Víctor Féliz, esto forma parte de un proceso de debilitamiento de la autonomía local acumulado durante las últimas dos décadas.
«En los últimos 20 o 25 años ha venido un proceso involutivo de la autonomía local», sostiene Féliz, quien tiene más de 15 años de experiencia en gestión local y desarrollo territorial.
A su juicio, la falta de recursos, la debilidad institucional, decisiones legislativas y el incumplimiento de determinadas responsabilidades por parte de las propias alcaldías han reducido el espacio de acción de los gobiernos locales.
