De acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), a agosto de 2026 el Gobierno central había transferido 77,926.0 millones de pesos a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).
La magnitud de estos recursos puede apreciarse al compararlos con el presupuesto de otras instituciones públicas. Las transferencias realizadas a las EDE hasta agosto superan los 75,073.1 millones de pesos que suman los presupuestos vigentes para todo 2026 de los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Turismo, Justicia y Administración Pública.
Otra forma de dimensionarlo es comparar las transferencias presupuestadas con el gasto institucional. Si los 87,908.0 millones contemplados para las EDE en 2026 correspondieran al presupuesto de una institución, ocuparían el cuarto lugar entre las de mayor gasto presupuestado, solo detrás de los ministerios de Educación, Salud Pública y la Presidencia de la República. Incluso, superarían los presupuestos de Obras Públicas, Interior y Policía y Defensa. La realidad es aún peor porque, un año más, el gasto en transferencias de 2026 superará lo presupuestado.
El Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla 116,394.7 millones de pesos en transferencias a las distribuidoras, equivalentes a unos 1,859.3 millones de dólares. La necesidad recurrente de destinar recursos públicos a estas empresas estatales convierte su funcionamiento en una carga para las finanzas públicas. Estos recursos provienen, en última instancia, de los ciudadanos y tienen otros usos posibles. Mejoras tecnológicas y operativas pueden contribuir al desempeño de las distribuidoras, pero mientras su funcionamiento dependa sistemáticamente de transferencias estatales, persistirá un problema de incentivos: quienes las administran no asumen directamente el costo de una gestión ineficiente; y este termina siendo trasladado a los contribuyentes.
Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
