Ley de Residuos Sólidos ante retos de plazos y vacíos técnicos

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La aplicación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos enfrenta plazos mientras persisten tareas para regular materiales, certificar productos y fiscalizar empresas. Las leyes 98-25 y 36-26 fijan fechas para restringir determinados envases y utensilios plásticos, pero parte de la normativa técnica necesaria para verificar el cumplimiento aún debe ser emitida.

El calendario fija el 15 de diciembre de 2026 para varias obligaciones. Desde entonces, los productores de fundas y botellas plásticas deberán incorporarse a programas de responsabilidad extendida del productor para recuperar y tratar residuos. También quedará prohibida la entrega gratuita de bolsas plásticas de un solo uso en establecimientos comerciales, con excepciones para las recicladas y reutilizables.

En esa fecha se prevé prohibir la comercialización de pajillas y cubiertos plásticos sin aditivos biodegradables, así como productos de “foam” sin la certificación exigida. Se excluyen temporalmente ciertos envases térmicos con tapa adherida en forma de bisagra, conocidos como “laptop”. También será obligatorio el retorno de envases con valor asociado a su depósito.

La ley contempla plazos posteriores. El 6 de enero de 2027 vence el plazo para importar determinados utensilios plásticos y productos de “foam”, conforme a la Ley 36-26. Para diciembre de 2027, los productores locales deberán presentar alternativas para sustituir platos y bandejas de “foam”. En diciembre de 2028 vence el plazo para que los ayuntamientos promuevan la separación en origen y la recolección selectiva.

La aplicación requiere procedimientos para determinar si los productos cumplen los criterios legales. La Ley 98-25 dispone aditivos biodegradables en determinados artículos y contempla certificaciones y pruebas de laboratorio. También asigna al Ministerio de Medio Ambiente y al Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) tareas para establecer reglas técnicas. La falta de reglamentación genera incertidumbre sobre cómo se comprobarán los requisitos, aunque los plazos continúan corriendo.

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