En un hecho sin precedente, a 50 días de haber sido aprobada por el Senado la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos se mantiene “secuestrada” en el ese cuerpo legislativo, sin una explicación convincente a los gremios que conforman la municipalidad.
Con el engavetado de la ley, el Senado viola su propio reglamento, en su artículo 180, que otorga un plazo no mayor de 15 días para que una vez sancionada una normativa sea enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, o devolverla a la Cámara de Diputados, lo que no ha sucedido.
El misterioso secuestro de la citada ley, aprobada el 23 de julio, a final de la legislatura pasada, ha causado descontento entre los gremios que agrupan a los alcaldes, alcaldesa, directores y directoras, así como de regidores, que cifran sus esperanzas de obtener recursos para la higiene de sus territorios a través de la normativa.
