Por Denis Mota Álvarez
Desde el inicio de este siglo, la labor legislativa de los diputados por la provincia de La Romana ha carecido de una verdadera trascendencia. Al hablar de trascendencia, me refiero a la capacidad de impulsar proyectos de leyes que impacten de forma significativa la economía y el desarrollo provincial, regional del este o, incluso, del país.
En lugar de abordar problemas estructurales, como la dilatada injusticia de los gobiernos al negarse históricamente a indemnizar a los legítimos dueños del Parque Nacional Cotubanamá (antiguo Parque del Este, propiedad de familias romanenses, higüeyanas y yumeras), los legisladores romanenses parecen obsesionados con una única idea: cortar de un tajo el Distrito Municipal de Bayahibe y anexárselo a La Romana, perjudicando geográficamente a la provincia La Altagracia y em particular a su municipio, San Rafael del Yuma.
Los diputados Wandy Modesto Batista Gómez (PRM), Eugenio Cedeño (PRM) y Carlos de Pérez (FP) argumentan que Bayahibe está geográficamente más cerca de La Romana que de Higüey. Pero ¿qué importa eso? La cercanía geográfica no es un argumento legal ni histórico para la anexión. ¿Acaso Moca no colinda con Santiago y La Vega con Moca? Ninguna de estas provincias ha trazado el propósito de anexarse la más grande a la más pequeña basándose solo en su vecindad.
La historia, sin embargo, nos habla de la identidad inalienable de Bayahibe, una comunidad que no puede ser tratada como un simple trofeo: Bayahibe es un asentamiento de ocupación humana excepcionalmente antiguo para el Caribe. Investigaciones arqueológicas en «La Punta» encontraron restos de pobladores precerámicos que datan del periodo 1370 a. C. a 1080 a. C.
Fundada oficialmente en 1874 por Juan Brito y su familia (puertorriqueña), se mantuvo por décadas como una tranquila aldea de pescadores. Su giro hacia el turismo, impulsado por la carretera de 1977, que condujo al hotel Dominicus, transformó su economía, pero no su jurisdicción.
Bayahibe fue elevado a la categoría de Distrito Municipal perteneciente a San Rafael del Yuma, en la provincia La Altagracia, mediante la Ley No. 109-02.
La pregunta subyacente es clara: ¿En qué beneficia Bayahibe a las autoridades de La Romana?
La respuesta yace en el lucrativo sector turístico. El destino se vende conjuntamente como La Romana-Bayahibe, sugiriendo una fuerte afinidad económica y logística. Los diputados romanenses anhelan apropiarse del acceso principal a las aguas cristalinas del Caribe, a las excursiones a la isla Saona y al Parque Nacional Cotubanamá —todos activos turísticos de valor incalculable que hoy pertenecen legalmente a La Altagracia.
La ambición territorial va más allá del distrito, ya que la anexión por arrastre implicaría sumar las comunidades de Boca de Chavón, el proyecto turístico Los Limones e incluso las comunidades de Benerito y Gato, difuminando la frontera natural del Río Chavón.
Bayahibe no está a la venta. No es una ficha de cambio geopolítico que deba apropiarse la provincia con mayores intereses económicos. Los legisladores de La Romana deben centrar su esfuerzo en proyectos de impacto real y duradero para sus electores, y dejar de lado esta absurda y dañina obsesión territorial.
La conveniencia de unos pocos no puede doblegar la historia, la ley y la identidad de una comunidad que es patrimonio de La Altagracia, distrito del municipio de San Rafael del Yuma y uno de los principales enclaves turístico de la República Dominicana. ¡Lamentamos, sobremanera, que la naturaleza no premiara a La Romana con un territorio con la paradisíaca belleza de Bayahibe!
