La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió a los alcaldes y funcionarios municipales del país que toda persona que incurra en actos de corrupción administrativa puede ser objeto de la inmovilización y ocupación de sus bienes.
La magistrada explicó que, de manera preventiva, las entidades bancarias también proceden a clausurar las cuentas de los implicados durante los procesos de investigación por lavado de activos, delito que conlleva una pena mínima de 10 años y máxima de 20 años de prisión.
