municipal

El Ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, y el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano, reafirmaron el compromiso del Gobierno de reasentar a las familias que residen en las comunidades próximas al área de construcción de la presa Monte Grande, antes de culminar la magna obra hidráulica que impulsará el desarrollo de la región Sur. Así lo informaron los funcionarios durante un encuentro con representantes del Comité de Defensa de Monte Grande y otras organizaciones comunitarias, realizado al mediodía del pasado miércoles en las instalaciones del campamento del proyecto. "Hemos escuchado todos los comentarios y deseo reiterar que nosotros vamos a cumplir con las personas, con todo lo que tiene que ver con el Centro Poblado y con la adjudicación de la tierra con toda la justicia de lugar”, dijo Santos Echavarría, al participar en la reunión de manera virtual.

Una de las dificultades que se presentarán para poder aplicar la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20, la cual ordena que en tres años se eliminen los vertederos a cielo abierto y se hagan rellenos sanitarios intermunicipales o plantas de tratamiento, es que la mayoría de las comunidades rechazan que en sus territorios se manejen residuos que se producen en otras localidades.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció este miércoles cuáles tipos de vehículos de carga requieren el permiso para acceder a la Zona de Acceso Restringido (ZAR). En ese orden, INTRANT explicó que los ejes en los vehículos de carga se contabilizan desde los neumáticos delanteros. Un cabezote sin el furgón de carga pudiera ser de tres ejes y, por consiguiente, reúne las condiciones para transitar libremente por la zona restringida sin la necesidad de un permiso de acceso. Contrario a este caso, el cabezote juntamente con el furgón de carga aumenta la cantidad de los ejes y, por tanto, deberá conseguir el permiso a través de www.intrant.gob.do sin costo. El órgano rector del transporte informó que los permisos son para vehículos de más de tres ejes y se clasifican en Puntual, Recurrente y Extra Peso, dependiendo de la cantidad de ejes del vehículo de carga.

Aún cuando forman parte de la comisión en la toma de decisiones, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las alcaldías han perdido parte de su poder a la hora de aprobar grandes proyectos, en la recién aprobada Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Así lo entiende el ambientalista, Luis Carvajal, quien reconoce la necesidad de esa ley, discutida por décadas y que es requisito para manejar muchos de los aspectos territoriales en el país. “Lo que se ha aprobado es un avance, pero esta ley incluye una serie de distorsiones como por ejemplo: Al eliminar la evaluación ambiental que debe hacerse, los permisos por municipios cuando las obras sean transmunicipales y ponen en manos de un consejo de ministros este tipo de proyectos, debilita el poder municipal y al Ministerio de Medio Ambiente porque transfiere al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo responsabilidades de estas entidades”, puntualizó Carvajal.

En el transcurso del 2022, el Ministerio de Administración Pública (MAP) logró elaborar e impulsar unas 15 propuestas normativas, las cuales fueron remitidas al Poder Ejecutivo para su aplicación o para que sean depositadas, en caso de que aplique, al Congreso Nacional. Bajo el marco del Plan General de Reforma y Modernización de Estado, dentro de esas leyes se destacan la Ley Orgánica de Ministerios; Ley para el Sistema Nacional de Protección e inclusión social; propuesta de reforma de la Ley de Función Pública; propuesta de reforma de la Ley General de Salarios en el Estado; propuesta de ley de conflictos de interés en la Administración Pública; propuesta de ley de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. La más reciente, la modificación de la ley de Función Pública, fue depositada en el Congreso Nacional por el presidente de la República, Luis Abinader; esa propuesta busca modificar los lineamientos que rigen la administración pública.