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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cerrará al tránsito vehicular, iniciando ayer lunes y extensivo hasta el sábado 19, distintos pasos a desnivel en el Gran Santo Domingo (que incluyen túneles, elevados y puentes) a fin de realizar trabajos de mantenimiento.

La Ley de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos permitirá, cuando sea aprobada, una planificación más articulada entre las diferentes instituciones, que mejorara la coordinación entre los distintos sectores que inciden en la sostenibilidad de los territorios. Así lo afirmaron los arquitectos urbanistas Erick Dorrejo, director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, y Omar Rancier, asesor en ordenamiento territorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, entrevistados por el periodista Miguel Guerrero, en el programa El Debate de la Semana, que se transmite los sábado a las 11: 00 de la noche por CDN, canal 37. En el programa participaron los arquitectos urbanistas Raúl de Moya Español, asesor del Ministerio de la Presidencia y presidente del Sistema Universitario Pedro Henríquez Ureña, y Emigdio Valenzuela. Los profesionales analizaron el impacto de las fuertes lluvias en el Gran Santo Domingo el viernes 4 de noviembre y las posibles soluciones. Dorrejo puntualizó que en el Congreso Nacional existe una suma de voluntades, junto con otros actores en que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial sea aprobada y esto oriente a los 158 ayuntamientos del país para trabajar de manera articulada con el gobierno nacional, para garantizar el uso más eficiente del suelo.

Herramientas que ya arrojan el perfil del rumbo que precisa con urgencia el sistema de salud. Donde las estrategias y los proyectos deberán tener una implantación regional con la debida características territoriales diferenciadas. Las regiones y territorios en una media isla de 48 mil kilómetros cuadrados son esenciales para focalizar la implantación de políticas sociales incluyentes. Vitales para formular políticas públicas, más aún si se trata de un Plan Estratégico Nacional que visualiza la salud como medio, escenario y fin del desarrollo. Se sabe que un plan estratégico de desarrollo a la vez que resulta de una política pública nacional, que impone la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), también genera nuevas acciones de impacto que implantadas, conllevarían leyes, normas y nuevas políticas públicas.

Que los alcaldes, las alcaldesas y los directores de los Distritos Municipales en todo el territorio nacional incluyan, en sus presupuestos del año 2023, los recursos económicos y logísticos requeridos para limpiar y darles mantenimiento a los drenajes pluviales. La inundación que afectó al Distrito Nacional el 4 de noviembre recién pasado es el resultado de la falta de limpieza y mantenimiento de un drenaje pluvial colapsadodesde hace alrededor de cincuenta (50) años. En tal sentido, el desastre en cuestión se debió, entre otros aspectos más, a: (1ro) La falta de limpieza y mantenimiento del drenaje pluvial obstruido y ralentizado por las basuras y los escombros que son lanzadosal mismo, sin ningún régimen de consecuencias; (2do) la falta de un Plan de uso de Sueloque indique dónde se puede construir infraestructuras y donde no se puede construir. Asimismo; (3ro) la falta de control de las construcciones por parte de las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional; (4to) el establecimiento irresponsable de asentamientos humanos precarios ubicados a orillas de cañadas, laderas y áreas vulnerables.

El Comité Electoral de la Liga Municipal Dominicana (LMD) realizó con éxito el proceso de elecciones en el que fueron escogidos los miembros de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) de la Casa de la Municipalidad, en cumplimiento del decreto 791-21, que declara de alta prioridad nacional la implementación de estas comisiones en las instituciones públicas. Tal y como establece este decreto, la CIGCN es un órgano plural de servidores públicos, con representación de todos los grupos ocupacionales presentes en la Administración Pública, con el objeto de promover la institucionalización de la ética y el estímulo de conductas íntegras en el servidor público, vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos.