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Las Cámara Civil y Comercial de La Romana conocerá este jueves un recurso constitucional de amparo contra el Concejo de Regidores del ayuntamiento La Romana, que busca ordenar la realización de sesión para suspender al alcalde, Juan Antonio Adames, quien cumplen una condena de dos años de cárcel en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama. El recurso fue incoado por a la entidad Rescate Democrático y será conocido por la presidente de la Cámara Civil y Comercial de La Romana, Karuchy Sotero Cabral. Este recurso fue aplazado el pasado 23 de marzo a solicitud de las partes, a los fines de conocer con mayor detalle de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ratificó dos años de cárcel al alcalde Adames y de la sesión del Concejo de Regidores que aprobó la no suspensión del edil.

La provincia de San Cristóbal y los municipios Haina-Nigua cuentan con un diagnóstico socioeconómico de sus empresas e industrias y una planificación estratégica que permitirá adoptar decisiones de políticas públicas orientadas al desarrollo del Distrito Industrial Haina-Nigua (DIHN), primer distrito oficialmente certificado de la República Dominicana, con un mapa que define los aportes de los segmentos empresariales, incluyendo las pymes. Tanto el estudio como los resultados de la planificación fueron realizados con el auspicio del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM) y el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (ProIndustria).

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través del Viceministerio de Cooperación Internacional, reconoció al representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Takayuki Kondo, por su contribución al país durante más de cuatro años, a través de proyectos de cooperación sobre temas de desarrollo social y territorial, mejoramiento de la competitividad y la protección del medio ambiente en combinación con la mitigación del cambio climático. La viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Olaya Dotel, en compañía de los viceministros de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera, y de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, entregó una placa de reconocimiento a Kondo, en el acto de despedida celebrado en el salón Embajador Antonio Vargas del viceministerio.

El presidente Luis Abinader, junto con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, entregó este miércoles la primera etapa del saneamiento de Arroyo Gurabo que impactará la vida de unas 900,000 personas en esta ciudad. El mandatario, quien estuvo acompañado por su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, manifestó ante los presentes el compromiso que tiene su gobierno con el cuidado del medio ambiente. "Yo estoy comprometido con el saneamiento y con el cuidado del agua que es vida, que va a ser el activo más preciado y que debemos cuidar debido a la situación del cambio climático". Reiteró que por años la provincia tenía una subinversión que no era conveniente ni para Santiago ni para todo el país.

El director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Erick Dorrejo, afirmó que con la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos se pone fin a la ausencia de un marco regulatorio integral que garantice el ordenamiento del territorio municipal, vinculando criterios sectoriales a los permisos de uso de suelo. “La normativa aprobada no solo establece el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), como el único instrumento válido para regular el uso de suelo a nivel municipal; sino que define con claridad las opciones mínimas para la clasificación y calificación del suelo, que deben ser consideradas en estos planes; los cuales serán remitidos por el órgano ejecutivo del Ayuntamiento, a su respectivo órgano normativo, para su aprobación mediante ordenanza municipal”, expresó Dorrejo, en un artículo con el título “Regulación histórica del uso de suelo”, publicado en el periódico Listín Diario el miércoles 29 de marzo del presente año. El arquitecto urbanista sostiene que a diferencia de los textos legales que antecedieron la Ley Número 368-22, este nuevo instrumento normativo establece sanciones ante el incumplimiento del mismo; ya que esta ausencia histórica del régimen sancionador y disciplinario ha repercutido en la discrecionalidad que impera en los cabildos dominicanos y a la vez evidencia la indiferencia institucional para aprobar regulaciones de uso del suelo, donde solo ha incentivado hasta la fecha la aprobación de tres planes municipales de ordenamiento territorial en todo el territorio nacional.