municipal

El país tiene que hacer un cambio drástico en el financiamiento de los cabildos. Estas entidades que datan de los tiempos coloniales y que son tan necesarias para el desarrollo integral del país no pueden seguir dando penas y sin poder cumplir con las exigencias mínimas que la ley pone a su cargo. Desde el 1966 los ayuntamientos viven arrastrando miseria, el Palacio Nacional se apropió de los fondos que, por diversos conceptos, recibían. Entonces se argumentó que solo en la sede presidencial estaban las personas y funcionarios que podían manejar con integridad dichos fondos. En algún momento se logró, tras duras luchas de políticos sensibles y comunitarios, que las firmas mineras dejaran a los cabildos de las jurisdicciones donde operaban aunque fuera un 5 o un 10% de sus utilidades netas.

El sociólogo y municipalista manifestó que esta iniciativa legislativa, que actualmente estudia el Congreso Nacional, se ajusta a la realidad social, económica y política de la República Dominicana. El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Domingo Matías, sostuvo que el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos, que actualmente estudia el Congreso Nacional, es de importancia capital para el desarrollo de la sociedad dominicana. El sociólogo y municipalista recordó que la cuestión del ordenamiento territorial no es exclusivade la República Dominicana y que diversas naciones europeas y sudamericanas ya h an desarrollado una cultura a partir de la necesidad de organizar sus territorios. “Estamos ajustando una ley a la realidad social, económica y política de la República Dominicana”, puntualizó el viceministro durante una entrevista en el programa televisivo Esta Noche Mariasela, junto a Faride Raful, senadora del Distrito Nacional y presidenta de la comisión bicameral que tenía a su cargo el estudio del proyecto de ley, el abogado Waldys Taveras y el arquitecto y planificador urbano Marcos Barinas. Domingo Matías añadió que esta pieza legislativa contiene un marco regulatorio sobre el ordenamiento territorial en todo el país, pero también comprende mandatos específicos y un régimen de consecuencias. También indicó que las ciudades dominicanas se han expandidos sin regulación y con poco o ningún orden, ni con normativo de Ordenamiento Territorial.

El presidente Fedomu dijo que eso está amparado en el Tribunal Constitucional en materia de autonomía, ordenamiento y uso de suelo municipal, conforme reza en las sentencias TC/067/13, TC/0152/13 y TC/085/22 El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, afirmó que debe quedar claramente definido y establecido en el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, aprobado en primera lectura por el Senado, que la potestad de regular y gestionar el uso de suelo y ordenamiento territorial municipal corresponde a los ayuntamientos. En una carta dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, sostuvo que ese proyecto de ley “debe incluir las disposiciones pertinentes a las tres escalas de la planificación como la nacional, regional y municipal, así como la interrelación entre los diferentes entes de la administración central y municipal.”

Solo con el predominio de lo público sobre lo privado tiene sentido de pertinencia y sostenibilidad cualquier ley o proyecto de desarrollo de carácter territorial. Con más de 20 años de retraso, la Ley de Ordenamiento Territorial finalmente está a punto de ser aprobada, terminando así, definitivamente, su periplo. sentido general, este marco regulatorio del territorio constituye un punto de avance en materia de nuestra legislación municipal y, sin entrar en detalles sobre sus alcances, vale la pena que el debate de ese tema se continúe en sus diversas vertientes. Entre otros, es imprescindible insistir en el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y democratizar sustancialmente la representación y participación en los procesos de elección de sus autoridades, porque sin ellos la referida Ley sería letra muerta. Además, darle un marco regulatorio no sólo del uso de suelo, sino sobre su costo para la edificación de vivienda, básicamente. La pieza a punto de ser aprobada y eventualmente promulgada tiene un valor en sí porque al fin existirá un marco regulatorio de la gestión del territorio en sus componentes, urbana, rural, ambiental, boscosa, costera, procedimental, etc. Además, a pesar de las tensiones, desencuentros, con obstinadas presiones de algunos en su proceso de discusión, se logró que se rompiese la reticencia a reconocer derechos a los entes locales que algunos por razones varias no lo consideraban y otros para que primasen sus intereses corporativos. Las limitaciones que pueda tener la pieza son reflejos de los déficits en materia de experiencia, buenas prácticas e institucionalidad en la gestión municipal y de la voracidad de los reales dueños del territorio nacional, nacionales y extranjeros.

La Ley de Ordenamiento Territorial que estaba en proceso de estudio en el Congreso Nacional desde hace más de 9 años, y que recientemente fue aprobada en primera lectura en el Senado de la República, tiene entre sus objetivos el ordenar el territorio en los distintos niveles político-administrativos, conforme a los lineamientos del interés ambiental, económico, social, cultural, de la gestión de riesgo y el desarrollo sostenible. “Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que los planes de ordenamiento territorial regionales y municipales están orientados a reducir la desigualdad entre las regiones y a orientar la inversión pública en función de esos planes, por un período de 20 años, los cuales deben ser revisados cada 10 años”, explicó el senador Félix Bautista, uno de los proponentes junto al senador Ricardo de los Santos de la pieza legislativa. Según el senador por la provincia San Juan, la indicada norma crea el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, bajo la dirección del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quien será responsable de garantizar que las inversiones públicas sean razonables y equilibradas entre las distintas unidades político-administrativas del país.