municipal

El 31 de octubre fue designado como el Día Internacional de las Ciudades. En torno a esta conmemoración nos preguntamos, ¿qué tipo de ciudad existe hoy en día? ¿Quiénes construyen y constituyen la ciudad? ¿Para quién es? ¿Tienen los pobres Derecho a la Ciudad? Partimos esta reflexión desde el concepto Derecho a la Ciudad,planteado por primera vez en 1968 por el sociólogo francés Henri Lefebvre [1]. Se trata de una categoría política, no jurídica, aunque sí de legitimidad, que se presenta bajo dos aproximaciones coincidentes y complementarias: la de Lefebvre que hace referencia a la producción de esta, en un contexto capitalista, y la de David Harvey, que extiende esta idea de la producción al ámbito de las utopías; es decir, a la ciudad deseable. El concepto del derecho a la ciudad[2] implica precisar a cuál ciudad se hace referencia. Ordinariamente, se plantea de forma abstracta, sin hacer referencia a los modos de producción y de reproducción de un tipo particular de ciudad: la ciudad capitalista, hoy neoliberal, que es una máquina productora de exclusión y desigualdad. El ODS 11 de la Agenda al 2030 pretende conseguir ciudades y comunidades sostenibles, a través del acceso de toda la población a viviendas, servicios básicos y medios de transporte adecuados, asequibles y seguros, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad y fomentando en las ciudades la reducción del impacto medioambiental, las zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos, un urbanismo sostenible y una mejora de las condiciones en los barrios marginales. Además, se busca preservar el patrimonio cultural y natural del mundo, hacer frente a los impactos de los desastres en los asentamientos humanos, y fortalecer el vínculo entre las zonas urbanas y rurales para generar un desarrollo de beneficio solidario. En la actualidad, alrededor del 55% de la población mundial vive en pueblos y ciudades, (en el caso de la República Dominicana, es del 78.7%)[3]. La expansión de las ciudades ha permitido un rápido progreso social y económico, alrededor del 60% del PIB se produce en las ciudades. El problema está en que las riquezas socialmente producidas no se redistribuyen en la población empobrecida. Como por ejemplo en buenos salarios y beneficios laborales, (el 77.83% de la población asalariada gana menos de 30 mil pesos[4]), ni se traducen en políticas públicas que generen equidad y cohesión social, como acceso a educación y salud de calidad, la construcción de viviendas adecuadas, asequibles, suelos servidos y con garantía jurídica. Así como, el saneamiento ambiental, movilidad urbana y seguridad ciudadana.

La Alcaldía de Santiago, dirigida por el alcalde Abel Martínez, realizó un taller sobre el presupuesto participativo, con el apoyo de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), jornada que tiene el objetivo de capacitar a los empleados municipales que están vinculados con las comunidades en la elaboración y elección del plan anual de obras municipales. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Xiomara Chávez, encargada del presupuesto participativo del Ayuntamiento de Santiago, quien exhortó a los colaboradores a sacar el mayor provecho al taller para fortalecer sus conocimientos y así comprometerse a trabajar para el éxito de las asambleas comunitarias que finalmente se traducirán en un Presupuesto Participativo satisfactorio. En tanto que Albery Bueno, director de planificación municipal del cabildo local, manifestó a los empleados municipales, darle toda la importancia a este taller que permitirá refrescar o adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar un buen trabajo en las asambleas comunitarias que se realizarán en próximo sábado y domingo 2 de octubre, porque de ellas saldrá el resultado positivo o negativo de un buen Presupuesto Participativo. Destacó el interés del alcalde Abel Martínez de que los recursos correspondientes al Presupuesto Participativo sean distribuidos de manera equitativa en favor de las comunidades que necesitan de la inversión municipal, tal y como lo ha hecho desde que asumió la dirección del municipio.

Participan los barrios de las tres circunscripciones para la concertación de obras prioritarias La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) informa a la ciudadanía que ha dado inicio a las asambleas para la consulta del Presupuesto Participativo Municipal 2023 (PPM) y da a conocer el calendario de trabajo con los sectores de las tres circunscripciones que se extenderá hasta el 17 de noviembre. Estas asambleas están contenidas en el reglamento del Concejo Municipal que establece en su capítulo III, artículo 236 sobre Presupuesto Participativo que “el sistema de Presupuesto Participativo Municipal (PPM), que tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por la Ley”. Estas consultas buscan fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la participación protagónica de las comunidades en la identificación y priorización de las ideas de proyectos.

El ayuntamiento municipal de San Juan de la Maguana deja iniciado trabajos de reparación de viviendas en guachupita a través del presupuesto participativo. La arquitecta Hanoi Sánchez alcaldesa por el Municipio de San Juan de la Maguana y el presidente del concejo de regidores licenciado Francisco de León, encabezaron el inicio de los trabajos para reparación de viviendas en el sector de Guachupita a través del presupuesto Participativo.

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) el pasado jueves dio inicio a las asambleas para la consulta del Presupuesto Participativo Municipal 2023 (PPM). Estas asambleas están contenidas en el reglamento del Concejo Municipal que establece en su capítulo III, artículo 236 sobre Presupuesto Participativo. Las consultas buscan establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por la ley.