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Autoridades intervienen San Felipe, Villa Mella, con obras públicas y más seguridad

El Ministerio de Interior y Policía y la Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) iniciaron la instalación de 400 lámparas en los sectores de San Felipe, Villa Mella, como parte del plan para reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida, que incluye asfaltado, aceras y contenes, tuberías de agua y perforación de cuatro pozos tubulares. La colocación de las luminarias empezó en el barrio Vietnam y seguirá hasta Los Arqueanos y la Esperanza, cuyos lugareños han denunciado un aumento de delitos. El objetivo es combatir la violencia y la delincuencia, como establece la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi país seguro”.

Ministerio de Economía presenta el estudio “Aproximando el PIB a nivel regional en República Dominicana”

La investigación es un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadísticas con el apoyo técnico del Banco Mundial, en el marco de la asistencia técnica para aproximar el PIB a nivel regional en República Dominicana, cuyos cálculos son necesarios para la planificación territorial que realiza el ministerio. Santo Domingo, República Dominicana. (31 de octubre, 2022). El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo presentó este lunes el estudio “Aproximando el PIB a nivel regional en República Dominicana”, un ejercicio que aproxima el valor agregado bruto de las actividades económicas desde una perspectiva territorial. El acto de presentación del estudio fue encabezado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras; el viceministro de Análisis Económico y Social, Alexis Cruz; la representante del Banco Mundial en la República Dominicana, Alexandria Valerio, y el economista del Banco Mundial para el país, James Sampi.

El pandemonio urbano de Bávaro-Punta Cana

De seguir como va el auge desbordante podría colapsar si los inversores del mercado se desencantan con el desorden. Hay que tomar muy en cuenta que nuestros dos principales competidores del área, Cancún y Cuba presentan un panorama muy superior al de Bávaro-Punta Cana. A diferencia de lo que sucedió en la Costa Norte, el desarrollo turístico del área de Bávaro-Punta Cana no fue planificado. En consecuencia, la conducción estatal para lograr un desarrollo ordenado y armonioso brilló por su ausencia y los agentes privados participantes han actuado con manos sueltas. El resultado hoy día es un contraste dramático entre el galopante auge y prosperidad de la zona con la ausencia del orden y la belleza paisajística. Pero si los actores públicos y privados no intervienen con las directrices y las ejecutorias de lugar ese peligroso divorcio podría cavar la tumba de la competitividad del destino. El falencias del área comienzan a percibirse cuando, en un viaje por tierra desde Santo Domingo, se comprueba un mayúsculo desorden de la señalización vial. El viacrucis correspondiente empieza con la aproximación a Cumayasa: la ausencia de señalización impide una selección segura del camino hacia el polo turístico. Para las proximidades de La Romana y de Higüey, sin embargo, existe un aluvión de señales, pero estas crean gran confusión al consignar diferentes distancias para los kilómetros faltantes. Sigue la falta de señalización para distinguir entre el camino a Higüey y Punta Cana, letreros rotos (San Rafael del Yuma), pocos retornos y, al llegar a la primera rotonda de la zona turística, una ausencia de letreros que indiquen la ruta a seguir.

Alcaldes sugieren Pedro Richardson sea secretario de asuntos municipales del PRM

Mas de cien alcaldes y alcaldesas distritales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), propusieron al doctor Pedro Richardson el ocupar la secretaria de asuntos municipales de esa organización.

¿Tienen los pobres Derecho a la Ciudad?

El 31 de octubre fue designado como el Día Internacional de las Ciudades. En torno a esta conmemoración nos preguntamos, ¿qué tipo de ciudad existe hoy en día? ¿Quiénes construyen y constituyen la ciudad? ¿Para quién es? ¿Tienen los pobres Derecho a la Ciudad? Partimos esta reflexión desde el concepto Derecho a la Ciudad,planteado por primera vez en 1968 por el sociólogo francés Henri Lefebvre [1]. Se trata de una categoría política, no jurídica, aunque sí de legitimidad, que se presenta bajo dos aproximaciones coincidentes y complementarias: la de Lefebvre que hace referencia a la producción de esta, en un contexto capitalista, y la de David Harvey, que extiende esta idea de la producción al ámbito de las utopías; es decir, a la ciudad deseable. El concepto del derecho a la ciudad[2] implica precisar a cuál ciudad se hace referencia. Ordinariamente, se plantea de forma abstracta, sin hacer referencia a los modos de producción y de reproducción de un tipo particular de ciudad: la ciudad capitalista, hoy neoliberal, que es una máquina productora de exclusión y desigualdad. El ODS 11 de la Agenda al 2030 pretende conseguir ciudades y comunidades sostenibles, a través del acceso de toda la población a viviendas, servicios básicos y medios de transporte adecuados, asequibles y seguros, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad y fomentando en las ciudades la reducción del impacto medioambiental, las zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos, un urbanismo sostenible y una mejora de las condiciones en los barrios marginales. Además, se busca preservar el patrimonio cultural y natural del mundo, hacer frente a los impactos de los desastres en los asentamientos humanos, y fortalecer el vínculo entre las zonas urbanas y rurales para generar un desarrollo de beneficio solidario. En la actualidad, alrededor del 55% de la población mundial vive en pueblos y ciudades, (en el caso de la República Dominicana, es del 78.7%)[3]. La expansión de las ciudades ha permitido un rápido progreso social y económico, alrededor del 60% del PIB se produce en las ciudades. El problema está en que las riquezas socialmente producidas no se redistribuyen en la población empobrecida. Como por ejemplo en buenos salarios y beneficios laborales, (el 77.83% de la población asalariada gana menos de 30 mil pesos[4]), ni se traducen en políticas públicas que generen equidad y cohesión social, como acceso a educación y salud de calidad, la construcción de viviendas adecuadas, asequibles, suelos servidos y con garantía jurídica. Así como, el saneamiento ambiental, movilidad urbana y seguridad ciudadana.

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