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Como una forma de garantizar ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, alcaldes del país firmaron una carta de compromiso para la implementación en el país de la iniciativa “Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030) en República Dominicana”, proyecto que impulsa la resiliencia local a través de la incidencia política, el intercambio de conocimientos y experiencias, y el establecimiento de redes de aprendizaje entre ciudades con el fin de alcanzar los propósitos establecidos en la Agenda 2030. A través de la firma de esta carta, los alcaldes, figuras clave para integrar con éxito la resiliencia a los desastres en los procesos de planificación del desarrollo urbano y en las operaciones cotidianas de las ciudades, se comprometieron a realizar la evaluación de la etapa de la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia de la Iniciativa MCR2030, y a actuar de acuerdo a las acciones definidas. El proyecto “Desarrollando Ciudades Resilientes 2030” de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, será implementada en República Dominicanapor la Comisión Nacional de Emergencias y la Liga Municipal Dominicana en conjunto con la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), con el acompañamiento del Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres en República Dominicana (PROGERI) y financiada por Unión Europea.

La humareda que se desprende desde hace días del vertedero que comparten los distritos municipales de La Canela y Hato del Yaque en Santiago está provocando problemas respiratorios en cientos de personas. La falta de mantenimiento por parte de sus autoridades impide que pueda mantenerse bajo control. Con el cambio de los vientos, esta vez los más afectados son los moradores de La Canela. El basurero está ubicado a escasos metros de los terrenos donde el Gobierno levanta el proyecto de vivienda “Ciudad del Yaque’’, en el barrio Los Guandules, que pertenece a Hato del Yaque.

El proyecto apoyará el crecimiento sostenible y contribuirá a la generación de riquezas en la comunidad sureña Natural World Energy Corporation (NWEC), empresa que construye un parque de energía fotovoltaica en la comunidad de Villarpando, Azua, informó que el proyecto generará unos 250 empleos directos en la fase inicial. La empresa aseguró que en la etapa de operación y mantenimiento garantizará 60 puestos de trabajo permanentes. El parque solar con capacidad de generación de 100 megavatios, está proyectado a ser la mayor inversión de toda la región del Caribe y se construirá a un costo de 120 millones de dólares.

Alcaldes firmaron documento mediante el cual se comprometieron a realizar la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Liga Municipal Dominicana, implementarán la iniciativa “Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030)”, proyecto que busca fortalecer los vínculos entre el Gobierno Central y los gobiernos locales en materia de reducción del riesgo de desastres y cambio climático. Este programa se realizará en conjunto con la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), con el acompañamiento del Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres en República Dominicana (Progeri) y el financiamiento de la Unión Europea. A través de la firma de esta carta, los alcaldes, figuras clave para integrar con éxito la resiliencia a los desastres en los procesos de planificación del desarrollo urbano y en las operaciones cotidianas de las ciudades, se comprometieron a realizar la evaluación de la etapa de la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia de la iniciativa MCR2030, y a actuar de acuerdo a las acciones definidas.

El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos. La presidenta de la comisión bicameral, que tenía a su cargo el estudio de la normativa, Faride Raful, presentó al pleno del Senado un informe favorable, en el que explicó que se agotó un proceso de consultas por más de dos años con diferentes sectores de la sociedad civil y escucharon sus opiniones, las cuales fueron tomadas en consideración, logrando llegar al consenso. La normativa establece un marco regulatorio para los planes de Ordenamiento Territorial en los distintos niveles político-administrativo atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico, social, de gestión de riesgos y de desarrollo sostenible. Además, establece que en política del Estado el Ordenamiento Territorial integra los instrumentos de planificación del territorio y su relación con los procesos sociales, económicos y políticos, bajo una dinámica descentralizada, otorgando mayor participación a los actores territoriales sobre la base de alianzas entre Estado, sector privado y sociedad civil.