municipal

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 40-23, mediante la cual declara a San Cristóbal como provincia ecoturística. Dicha Ley dispone que cada año, la provincia contará un presupuesto establecido en la Ley General de Presupuesto y que según el senador Franklin Rodríguez, se espera que sea de RD$60 millones, dinero que será manejado por el Consejo de Desarrollo Ecoturístico establecido en la Ley promulgada. La Ley 40-23 fue promulgada entre otros considerando, porque San Cristóbal posee condiciones medioambientales óptimas, al contar con una diversidad de ecosistemas de gran valor para la conservación y preservación de la biodiversidad, además de contar con vastos recursos naturales y un ecosistema diverso para el desarrollo turístico en zona costera, ríos, montañas, arroyos, manantiales y represas. Asimismo la Ley resalta que San Cristóbal cuenta con un valioso patrimonio histórico, propicio para el turismo arqueológico y cultural, entre los que destacan el ingenio Don Diego Caballero en San Gregario de Nigua (ruta de los ingenios de época colonial); pinturas prehistóricas y grabados rupestres de las cuevas El Pomier; la Casa de Caoba; los frescos en el interior de la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, elaborados por el artista español José Vela Zanetti; el parque Piedras Vivas; el balneario La Toma; Las Barias; las cuevas del Conde de Mana en Yaguate; el parque ecológico de Nigua; las cuevas en Las Coles en Cambita Garabitos; El Fuerte de Resolí; El Casino; Castillo del Cerro; entre otras atracciones.

La información fue dada a conocer por el ministro de Economía, Pável Isa Contreras, en víspera del espacio Diálogos del Desarrollo que tendrá lugar en el recinto de Barahona de la UASD el próximo miércoles. La región Enriquillo cuenta con las provincias donde el Gobierno central ejecuta la mayor inversión pública por habitante, puesto que en 2022 se ejecutó en Independencia un monto de RD$45,040 per cápita; seguido de Pedernales, con RD$31,432; Bahoruco, con RD$26,062 y Barahona, con RD$16,879.

El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, considera el mecanismo del Presupuesto Participativo PP como la legitimación de los gobiernos locales, por lo que están obligados a cumplirlo alejado del clientelismo político. Señala que realmente los cabildos no daban importancia al cumplimiento de la Ley sobre Presupuesto Participativo, sin embargo, ahora los gobiernos locales están obligados a implementarlo a plenitud, porque además están siendo monitoreados por la LMD y el Ministerio de Administración Pública (MAP). Destacó la importancia de la participación comunitaria en la elaboración del Presupuesto Participativo, porque de esa manera el gobierno local hace lo que necesita una comunidad.

Desde hace tres meses la provincia de Duarte tiene tasa cero de homicidios, informó ante el presidente de la República, Luis Abinader, la procuradora fiscal de la demarcación, abogada Smaily Rodríguez, quien ofreció un informe sobre los incidentes ocurridos allí vinculados a las acciones oficiales para reducir la delincuencia. Junto al comandante de la DNCD en la provincia y el director de la Policía Nacional, la abogada Rodríguez dijo que pese a la inexistencia de homicidios, las estadísticas de la provincia Duarte registraron en mayo 125 robos, 151 robos en junio y en julio bajaron a solo 89. La exposición de Smaily Rodríguez se produjo en la reunión sobre seguridad ciudadana que el jefe de Estado lideró en el Salón Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional.

El empresario del transporte Arsenio Quevedo y el exregidor de Pedro Brand Erickson de los Santos Solís recusaron a todo el pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional integrado por quince jueces y nuevamente a los tres del tribunal de primer grado que les conocen el nuevo juicio de fondo por sicariato, acción que hará mucho más largo el conocimiento del proceso en su contra por la muerte de tres choferes, hace ocho años. La recusación al pleno de la Corte de Apelación está en manos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que deberá decidir si la acoge o la rechaza. Manuel Soto Lara, abogado de la familia de las víctimas, informó que en la última recusación a los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado y la que está pendiente de fallo, esos magistrados rechazaron las imputaciones que les hacen la defensa de los acusados, pero le piden a la Corte que, a raíz del comportamiento de los recusadores, sean designados otros jueces para que conozcan del proceso.