En el Gran Santo Domingo existe una brecha entre las obligaciones establecidas por la legislación municipal y la información que algunos ayuntamientos ponen a disposición de los ciudadanos.
A pesar de que el artículo 222 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece que los cabildos deben facilitar la más amplia información sobre su actividad y la participación de los ciudadanos en la gestión municipal, en varias demarcaciones las decisiones del Concejo de Regidores no están disponibles o no se encuentran actualizadas en sus portales web.
Esto entra en contradicción con la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, que dispone que todos los organismos públicos, incluidos el Distrito Nacional y los municipios, deben garantizar a la población el acceso a las comunicaciones públicas y utilizar sus respectivos portales digitales para facilitar su divulgación.
Lo que significa que cualquier ciudadano puede encontrarse, de un día para otro, con el cambio de dirección de una vía, una nueva tarifa en uno de los servicios que ofrece el ayuntamiento o cualquier decisión adoptada por el Concejo de Regidores de su municipio, sin haber tenido acceso previo a esa información.
Dichas decisiones pueden generar molestias entre los ciudadanos, pero también desconcierto ante las actuaciones de los regidores, representantes municipales que deben velar por los intereses de la comunidad.
