El presidente Fedomu dijo que eso está amparado en el Tribunal Constitucional en materia de autonomía, ordenamiento y uso de suelo municipal, conforme reza en las sentencias TC/067/13, TC/0152/13 y TC/085/22
El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, afirmó que debe quedar claramente definido y establecido en el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, aprobado en primera lectura por el Senado, que la potestad de regular y gestionar el uso de suelo y ordenamiento territorial municipal corresponde a los ayuntamientos.
En una carta dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, sostuvo que ese proyecto de ley “debe incluir las disposiciones pertinentes a las tres escalas de la planificación como la nacional, regional y municipal, así como la interrelación entre los diferentes entes de la administración central y municipal.”
Solo con el predominio de lo público sobre lo privado tiene sentido de pertinencia y sostenibilidad cualquier ley o proyecto de desarrollo de carácter territorial.
Con más de 20 años de retraso, la Ley de Ordenamiento Territorial finalmente está a punto de ser aprobada, terminando así, definitivamente, su periplo. sentido general, este marco regulatorio del territorio constituye un punto de avance en materia de nuestra legislación municipal y, sin entrar en detalles sobre sus alcances, vale la pena que el debate de ese tema se continúe en sus diversas vertientes. Entre otros, es imprescindible insistir en el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y democratizar sustancialmente la representación y participación en los procesos de elección de sus autoridades, porque sin ellos la referida Ley sería letra muerta. Además, darle un marco regulatorio no sólo del uso de suelo, sino sobre su costo para la edificación de vivienda, básicamente.
La pieza a punto de ser aprobada y eventualmente promulgada tiene un valor en sí porque al fin existirá un marco regulatorio de la gestión del territorio en sus componentes, urbana, rural, ambiental, boscosa, costera, procedimental, etc. Además, a pesar de las tensiones, desencuentros, con obstinadas presiones de algunos en su proceso de discusión, se logró que se rompiese la reticencia a reconocer derechos a los entes locales que algunos por razones varias no lo consideraban y otros para que primasen sus intereses corporativos. Las limitaciones que pueda tener la pieza son reflejos de los déficits en materia de experiencia, buenas prácticas e institucionalidad en la gestión municipal y de la voracidad de los reales dueños del territorio nacional, nacionales y extranjeros.
Camiones, equipos retro palas, palas mecánicas y una planta de procesamiento de materiales que operaban cerca de la cabeza del puente sobre el río Jura, en la provincia Azua, fueron detenidos en una labor conjunta del Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
La acción fue encabezada por el magistrado Francisco Contreras, procurador general para la Defensa del Medio Ambiente; el Lic. Sheiner Adames, Consultor Jurídico del Ministerio y el capitán de navío René Rodríguez, director general del SENPA.
El proyecto apoyará el crecimiento sostenible y contribuirá a la generación de riquezas en la comunidad sureña
Natural World Energy Corporation (NWEC), empresa que construye un parque de energía fotovoltaica en la comunidad de Villarpando, Azua, informó que el proyecto generará unos 250 empleos directos en la fase inicial.
La empresa aseguró que en la etapa de operación y mantenimiento garantizará 60 puestos de trabajo permanentes.
El parque solar con capacidad de generación de 100 megavatios, está proyectado a ser la mayor inversión de toda la región del Caribe y se construirá a un costo de 120 millones de dólares.
Alcaldes firmaron documento mediante el cual se comprometieron a realizar la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Liga Municipal Dominicana, implementarán la iniciativa “Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030)”, proyecto que busca fortalecer los vínculos entre el Gobierno Central y los gobiernos locales en materia de reducción del riesgo de desastres y cambio climático.
Este programa se realizará en conjunto con la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), con el acompañamiento del Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres en República Dominicana (Progeri) y el financiamiento de la Unión Europea.
A través de la firma de esta carta, los alcaldes, figuras clave para integrar con éxito la resiliencia a los desastres en los procesos de planificación del desarrollo urbano y en las operaciones cotidianas de las ciudades, se comprometieron a realizar la evaluación de la etapa de la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia de la iniciativa MCR2030, y a actuar de acuerdo a las acciones definidas.