El principal centro de acopio de productos agrícolas del Cibao, conocido como el Hospedaje Yaque, continúa como un desafío latente para las autoridades por las condiciones de precariedad e insalubridad en que opera, a pesar de que mueve un flujo de transacciones por cientos de millones de pesos cada día.
El más reciente estudio levantado por el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) y el Plan Estratégico de Santiago (PES), subrayan que el Hospedaje Yaque es el mercado más importante de Santiago y de la región del Cibao y estimaron que mueve entre 640 a 720 millones por día, lo que equivale a prácticamente el 25 % del PIB de Santiago.
l proyecto de ley de ordenamiento territorial es imperativo para el sano desarrollo de República Dominicana, ya que, además de ser un mandato constitucional, es un instrumento que debería darnos las herramientas necesarias para mejorar el sistema de uso de suelo y permisos relacionados. Sin embargo, el proyecto de ley que cursa en el Senado de la República adolece de vicios que requieren ser examinados y mejorados antes de que sea aprobado.
En primer lugar, contempla conceder demasiadas facultades a los municipios para clasificar el suelo y determinar el uso que se le puede dar. Aunque el Artículo 199 de la Constitución hace referencia a que los municipios tendrán ciertas potestades relativas a la determinación del uso de suelo, es la ley que debe definir el alcance de estas.
En la actualidad, existen 158 municipios en la República Dominicana, y hablar de ordenamiento territorial, es decir, clasificación de uso de suelo, permisos asociados con estos, monitoreo, y otras tareas conexas, requiere de entrenamiento y capacitación especializada. No es realista pensar que tantos municipios podrán contar con departamentos y personal con los conocimientos especializados para la materia.
De hecho, actualmente los municipios conceden permisos de uso de suelo, no bajo el esquema de una ley de ordenamiento territorial, sino en sentido más ad hoc. La experiencia es que cada municipio tiene su criterio para la emisión de esos permisos, lo que genera situaciones de inseguridad jurídica frente a la inversiones necesarias, principalmente, por falta de uniformidad.
El ministro de Turismo, David Collado, dio comienzo simbólico este domingo a los trabajos de reconstrucción de las infraestructuras recreativas del malecón de San Pedro de Macorís, que conllevará un costo superior a los 260 millones de pesos.
El proyecto de reconstrucción del litoral en el malecón de San Pedro de Macorís, de 1.8 kilómetros, incluye la creación de un parque lineal con un área total de intervención de 60,000 metros cuadrados, precisó el ministerio en un comunicado.
Se realizará una intervención paisajística a todo lo largo del malecón, la isleta central y el frente marino. A eso se agregarán áreas de esparcimiento como plazas, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y cancha de voleibol, entre otros.
La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) ha entendido la importancia de implementar una visión de responsabilidad social y sostenibilidad que genere un impacto positivo en las comunidades donde operan y en sus colaboradores.
Por tal razón, han puesto en marcha múltiples programas bajo 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apoyándose de una visión integral presente en su misión, valores y ejes de su plan estratégico, que articula las dimensiones económica, social, ambiental y de gobernanza.
Su objetivo es lograr un modelo de desarrollo compatible, que no sólo permita el desempeño comercial, sino la conservación del medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo de las comunidades.
El presidente Luis Abinader encabezó ayer la Cuarta Asamblea Electoral para la conformación de de 74 nuevas Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (Cigcn).
Con estas se da cumplimento al decreto No. 791-21, que instruye a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) a ser el órgano regulador de las facultades y actuaciones de todos los planes de acción ejecutados por las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo.
La directora general de Ética e integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, tomó el juramento de los integrantes de las nuevas comisiones en ceremonia realizada en el Alma Mater de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).