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El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Domingo Matías, consideró en esta ciudad que la territorialización de las políticas públicas en América Latina y el Caribe permite estados más descentralizados. Matías participó en el Encuentro de Alto Nivel del Equipo Responsable en América Latina y el Caribe de darle Seguimiento a los Acuerdos de Sendai, en la VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe-PR23 que tiene lugar en Punta del Este, Uruguay, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2023. El viceministro Matías es el jefe de la delegación que participa por la República Dominicana. La delegación está integrada, además del Ministerio de Economía, por representantes de la Defensa Civil, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores(MIREX), el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y de PROGERI (Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres en República Dominicana). En representación de la Comisión Nacional de Emergencias participa su presidente, Juan Salas. El sociólogo y municipalista apuntó en su intervención que todos los estados en América Latina no tienen el mismo nivel de descentralización, pero es necesario mayores políticas en ese sentido y de transferencia de competencias hacia los gobiernos locales en los temas de gestión de riesgo.

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro (CASFL) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos locales, a través de las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) que hacen vida social activa en el nivel municipal. El documento establece la priorización de un plan piloto de 10 gobiernos locales con diversidad de tamaño, partidos políticos y ubicación geográfica, para impulsar el fortalecimiento de las asociaciones sin fines de lucro en la gestión municipal. El convenio fue rubricado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y presidente del CASFL, Pável Isa Contreras, y por el secretario general de FEDOMU, Alfredo Peralta. El ministro Isa Contreras indicó que esta firma constituye un avance en el fortalecimiento de los mecanismos de participación y empoderamiento ciudadano, así como en la territorialización de las políticas públicas.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través del Centro de capacitación en Planificación e Inversión Pública y la Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD), dieron cierre al curso en políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos con los módulos de Género y territorio, Planificación con perspectiva de género dirigido a colaboradores y colaboradoras de las áreas sustantivas de la institución e instituciones asociadas ONE, SIUBEN e Instituto Geográfico. Natanel Disla, consultor independiente en temas de género y desarrollo y facilitador de la formación, informó que el objetivo es mostrar cómo ambas temáticas (género y territorio) son coincidentes en el diseño y monitoreo de las políticas transversales aplicadas en las sectoriales. Expresó que para el Ministerio de Economía ambas políticas transversales son de suma importancia para comprender en cabalidad cómo el género “hace vida en los territorios donde vive la gente”. Dijo que la tradición señala que ambas temáticas van separadas de manera sectorial, pero al pensarlas como políticas transversales, el Ministerio de Economía puede obtener herramientas para que en sus diversas áreas se coordinen espacios de coordinación de políticas públicas donde confluyan el género y el territorio. El Género y territorio trató los siguientes aspectos: la difuminación entre el espacio público y el privado, la articulación territorial y las dinámicas de género en los territorios. También las políticas sectoriales y políticas territoriales, el ordenamiento territorial y género, la revitalización urbana y género, los lugares y la escala humana.

El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, afirmó que la coordinación en los territorios entre los organismos municipales y el Ministerio de Economía, como órgano rector de la planificación, ha sido posibles gracias a la voluntad política de la actual gestión de gobierno. “Todo deberíamos de felicitarnos. Hemos logrado que la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana, junto los equipos técnicos del Ministerio de Economía coordinen de manera conjunta la promoción de la democracia y la implementación de las políticas territoriales”, indicó. El sociólogo y municipalista tuvo a su cargo las palabras de la apertura del encuentro- taller con técnicos territoriales y representantes de las Oficinas Regionales de Planificación (OPR). Expresó que los logros alcanzados en materia de instalación de los consejos de desarrollo municipales y provinciales y la formulación de los planes de desarrollo municipales, no solo es un mérito de las entidades municipalistas sino también de participación ciudadana de las comunidades junto a sus autoridades.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo impartió la primera capacitación para el Diseño del Reglamento de Aplicación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. La capacitación fue organizada por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional a partir de las experiencias prácticas de distintos actores institucionales del nivel nacional y de los gobiernos locales que inciden en la toma de decisiones en esta materia. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo destacó la importancia de la Ley de Ordenamiento Territorial que crea un marco normativo para desarrollar políticas y acciones que permitan crecer de una manera mas ordenada y mas sana y más en línea con el bienestar de la gente. Indicó que lo expuesto anteriormente constituye un gran desafío porque implica transformaciones institucionales profundas en la forma en cómo actúa el Estado y en la forma como se comportan las personas, como actores civiles y como actores económicos.