Nuria Piera

El experto en materia municipal, Waldys Taveras, consideró que los regidores de los ayuntamientos de La Romana y de Jaquimeyes son pasibles de un juicio político en el Congreso Nacional por negarse a acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que condena a los síndicos Juan Antonio Adames y Carlos Valentín Bautista a dos y tres años de cárcel, respectivamente. Dijo que al no proceder a suspender a los alcaldes y colocar a los vicealcaldes en su lugar, los concejales están propiciando acciones que contravienen el Poder Judicial, lo que se traduce como desacato. “Ellos no tienen por qué pronunciarse sobre esas sentencias, que ya tiene la condición de lo irrevocablemente juzgado. Lo único que tiene que hacer el Concejo es juramentar el vice y comunicarle a la Contraloría y la Dirección de Presupuesto que, en virtud de esas sentencias, se habían producido esas vacantes y se juramentaron a los que corresponden en el cargo”, sostuvo.

El secretario de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y alcalde del municipio de La Vega, Kelvin Cruz, emplazó al dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario Márquez, a mostrar pruebas de supuestas compras de alcaldes. A través de su cuenta de twitter, el también subsecretario general del PRM, calificó como calumniosas e irresponsables las denuncias hechas por el ex dirigente del PLD, quien ahora es miembro de la Fuerza del Pueblo, Rosario Márquez. “Como secretario de Asuntos Municipales del @PRM_Oficial emplazo al señor Roberto Rosario a demostrar, con las pruebas debidas, sus calumniosas e irresponsables acusaciones de compra de alcaldes, vertidas en el programa Hoy Mismo. ¡Esperamos por usted Sr. Rosario!”, escribió Cruz en la citada red social.

El Concejo de Regidores del ayuntamiento de La Romana conocerá hoy, en sesión ordinaria, la eventual destitución del alcalde Juan Antonio Adames, como manda la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que lo condena a dos años de cárcel. La sesión está prevista para las 10:00 de la mañana y se estima habría un amplio dispositivo de seguridad, ante las denuncias de supuestas amenazas por parte del alcalde Tony Adames contra el Bloque de Regidores del Partido de la Liberación Dominicana y la concejal del Partido Revolucionario Moderno, Nelly Bonilla. Tony Adames fue condenado en diciembre del 2022 a dos años de cárcel y al pago cuatro millones 50 mil pesos a favor del escultor Luis Castillo, pero la sentencia no se ejecuta, sigue manejando la alcaldía y está en libertad.

El presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), Robert Arias, afirmó que los Concejo de Regidores de las alcaldías de La Romana y de Jaquimeyes, están en el deber y la obligación de acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que condena a los síndicos de esas demarcaciones y proceder a suspenderlos. Arias afirmó que se trata de mandatos de la Ley 176-07, Sobre el Distrito Nacional y los Municipios, y de lo irrevocablemente juzgado (SCJ) y por tanto, es un mandato que está por encima de los intereses personas, partidarios o de a amistades de diles. El también regidor por el ayuntamiento de Santo Domingo Este citó el Artículo 43 de la Ley 176-07, respecto a cuándo se pierde la condición de alcalde y el 44 relativo a las suspensiones por parte del Concejo de Regidores.

El vocero del Bloque de Regidores del Partido de la Liberación Dominicana en el ayuntamiento de La Romana acusó al alcalde Tony Adames de manejar nominillas de alrededor de siete y ocho brigadas fantasmas, que representa un gasto mensual de cerca de medio millón de pesos. Mártires Castro, vocero regidores PLD, indicó que, extrañamente, de esas brigadas, el alcalde Adames solo detalla el nombre de quien encabeza, y no así, la cantidad de miembros. Detalló que hay una brigada para mantenimiento del cementerio principal, con una asignación presupuestaria de 75 mil pesos mensuales, y otra para el cementerio en la salida de Higueral, también con 75 mil pesos. Otra brigada para electrificación, con 90 mil pesos mensuales y que alegadamente, gran parte de las lámparas del alumbrado público no están funcionando, desde el paso del huracán Fiona.