Periódico Hoy

El Estado ha tenido un ahorro de más de RD$8,000 millones, en un período de 4 años, producto de la implementación del programa Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) que tiene como metodología la aplicación de la mediación familiar, comunitaria y escolar, así como la conciliación, lo cual contribuye con la disminución de la violencia, fomenta un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos humanos y la convivencia pacífica. Este hallazgo se desprende de un “Análisis del Impacto Económico y Social de las Casas Comunitarias de Justicia en la construcción de una cultura de paz en la República Dominicana 2017-2021”, elaborado por los consultores externos Oficina Sosa Montás S.R.L. En el informe de dicho estudio se señala que el Centro Casas Comunitarias de Justicia (CCCJ), a través de su programa Casas Comunitarias de Justicia ha contribuido con RD$4,884.2 millones al Estado, a lo cual se suman otros RD$3,044.6 millones que reciben los usuarios de los sectores vulnerables al recibir servicios gratuitos en las CCCJ, así como genera ahorros al sector empresarial o laboral cuantificados en RD$249 millones 165,734, lo cual totaliza RD$8,178 millones 11,766.

El director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo (MGSD) y experto en asuntos municipales, Waldys Taveras, considera excelente la iniciativa Santo Domingo 2050 que busca ordenar los territorios y que estos no sigan siendo ocupados de manera indiscriminada y desorganizada. Sin embargo, considera que para que el proyecto sea efectivo deberá ser consensuado con todas las fuerzas políticas y sociales del país, así como de la municipalidad, porque de lo contrario, se caería en el tiempo. “El proyecto necesita del apoyo de las diferentes fuerzas políticas, porque se trata de un proyecto a largo plazo, por tanto debe haber un compromiso político, porque además conlleva una gran inversión pública y privada”, explica.

El país tiene que hacer un cambio drástico en el financiamiento de los cabildos. Estas entidades que datan de los tiempos coloniales y que son tan necesarias para el desarrollo integral del país no pueden seguir dando penas y sin poder cumplir con las exigencias mínimas que la ley pone a su cargo. Desde el 1966 los ayuntamientos viven arrastrando miseria, el Palacio Nacional se apropió de los fondos que, por diversos conceptos, recibían. Entonces se argumentó que solo en la sede presidencial estaban las personas y funcionarios que podían manejar con integridad dichos fondos. En algún momento se logró, tras duras luchas de políticos sensibles y comunitarios, que las firmas mineras dejaran a los cabildos de las jurisdicciones donde operaban aunque fuera un 5 o un 10% de sus utilidades netas.

La Ley de Ordenamiento Territorial que estaba en proceso de estudio en el Congreso Nacional desde hace más de 9 años, y que recientemente fue aprobada en primera lectura en el Senado de la República, tiene entre sus objetivos el ordenar el territorio en los distintos niveles político-administrativos, conforme a los lineamientos del interés ambiental, económico, social, cultural, de la gestión de riesgo y el desarrollo sostenible. “Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que los planes de ordenamiento territorial regionales y municipales están orientados a reducir la desigualdad entre las regiones y a orientar la inversión pública en función de esos planes, por un período de 20 años, los cuales deben ser revisados cada 10 años”, explicó el senador Félix Bautista, uno de los proponentes junto al senador Ricardo de los Santos de la pieza legislativa. Según el senador por la provincia San Juan, la indicada norma crea el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, bajo la dirección del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quien será responsable de garantizar que las inversiones públicas sean razonables y equilibradas entre las distintas unidades político-administrativas del país.

El expresidente Hipólito Mejía recibió formalmente sus uniformes para el campeonato Mundial de Dominó que se avecina, de las manos del 11 veces campeón mundial Joaquín Martínez y una comisión de la selección femenina y masculina.