Una red de corrupción y contratos irregulares ha puesto al Seguro Nacional de Salud (Senasa) en una crisis financiera sin precedentes, con un déficit creciente y servicios cada vez más deficientes para millones de afiliados.
Investigaciones oficiales y reportajes periodísticos coinciden en que durante al menos cuatro años se desarrolló un esquema fraudulento que drenó recursos y debilitó la gobernanza de la principal aseguradora pública.
El programa de Julissa Céspedes documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados aunque nunca llegaron a realizarse, valiéndose de identidades reales de afiliados. Para dar apariencia de legalidad se utilizaba un “call center paralelo”, operado por exempleados desde fuera de la institución, que gestionaba las autorizaciones.
