Maxi Feliz, defensora de los derechos neurodivergentes, madre azul y activista social, denunció públicamente la no asignación de fondos suficientes y específicos en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 para la implementación de la Ley 34-23 sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), situación que mantiene en estado de vulnerabilidad a miles de familias dominicanas.
Tras una revisión directa del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se constató que la Ley 34-23 no figura como partida presupuestaria específica, programa institucional ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse de una legislación vigente que reconoce derechos fundamentales en salud, educación e inclusión social.
