La República Dominicana necesita crear con urgencia los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD) en las diez regiones de planificación establecidas por la Ley 345-22. No deben concebirse como nuevas estructuras burocráticas, sino como plataformas permanentes de concertación entre Estado, gobiernos locales, sector empresarial, universidades y sociedad civil para dirigir estratégicamente el desarrollo.
Pretender ordenar el territorio de un país fragmentado en 158 municipios y 235 distritos municipales, con casi 400 gobiernos locales y más de 360 instituciones del Poder Ejecutivo actuando muchas veces sin coordinación, constituye una contradicción institucional.
Es imposible construir una política territorial coherente cuando cada organismo opera con mandatos, mapas, prioridades y divisiones regionales diferentes. Incluso con la nueva inversión prevista con el apoyo del Banco Mundial, debemos apostar de ir de los general a lo particular y nunca lo contrario.
Deben estudiarse las experiencias fallidas de proyectos internacionales de los cuales no queda nada. Varios que llegaron a «enlatar 20 planes municipales estratégicos en el sur» y otros que en un supuesto “Planifica”, crearon al vapor, más de 25 planes estratégicos dispersos en el Cibao. De ellos no queda ni una coma.
El ordenamiento territorial y la regionalización son procesos inseparables. El primero organiza el uso sostenible del suelo, protege los recursos naturales, orienta la infraestructura y reduce los conflictos entre actividades económicas. La segunda muy en especial en una isla, crea la escala adecuada para coordinar inversiones, integrar políticas públicas y generar economías de aglomeración. Sin regionalización, el ordenamiento se reduce a una suma de planes municipales desconectados; sin ordenamiento, la regionalización pierde dirección estratégica.
