El dirigente municipal señaló que mientras los seguros reconocen y compensan los daños ocasionados a terceros en el ámbito privado, los ayuntamientos y distritos municipales frecuentemente enfrentan dificultades para recuperar los recursos invertidos en la reparación de bienes públicos deteriorados por siniestros viales.
“Si un conductor provoca daños a una propiedad privada, existe un mecanismo para responder por esos perjuicios. El mismo principio debe aplicarse cuando el afectado es un gobierno local y el daño recae sobre bienes que pertenecen a toda la comunidad”, planteó.
Richardson sostuvo que esta situación representa una carga económica para las administraciones municipales, que terminan destinando recursos de sus presupuestos a reparar infraestructuras dañadas por terceros, recursos que podrían ser utilizados en obras y servicios para la población.
Asimismo, vinculó la propuesta con la necesidad de mejorar los registros de accidentes de tránsito, incorporando información que permita identificar con precisión los casos que generan daños materiales a infraestructuras públicas y establecer mecanismos efectivos de reclamación y compensación.
