Esta distorsión provoca un «efecto rebote» que empuja de forma artificial a estas pequeñas empresas hacia la categoría de Grandes Contribuyentes ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Como consecuencia de este salto de renglón, pequeños intermediarios que operan desde oficinas administrativas se ven obligados a pagar tarifas de hasta RD$ 649,000 por concepto de manejo de residuos sólidos, una carga económica idéntica a la de un hotel de gran escala o una fábrica.
Tovar calificó el panorama de «absurdo financiero», señalando que este método de cálculo sobre ingresos brutos no solo afecta el arbitrio ambiental, sino que también golpea de forma insostenible a las MiPymes a través de los anticipos fiscales y la presión sobre los salarios. La empresaria enfatizó que no se puede medir el impacto ecológico ni la capacidad de pago de un comisionista con la misma vara con la que se mide a una industria de manufactura pesada.
Finalmente, la entidad hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para revisar y corregir los mecanismos de recaudación de la ley, de manera que el cobro se ajuste a la rentabilidad y producción real de desechos de cada empresa. OPETUR reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible del país, pero advirtió que mantener este esquema impositivo terminará por estrangular a las pequeñas estructuras que dinamizan la economía turística dominicana.
