Uno de los mayores desafíos estructurales de la República Dominicana continúa siendo, sin lugar a dudas, la gestión y transformación del sistema energético nacional. Se trata de un sector complejo, caracterizado por una estructura mixta público-privada, elevados costos operativos, contratos de suministro de largo plazo, subsidios recurrentes y cuantiosas inversiones públicas y privadas.
Durante décadas, el sistema eléctrico ha representado una pesada carga para las finanzas nacionales y un factor limitante para la competitividad económica y el bienestar social.
Diversos organismos multilaterales, como la Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han señalado reiteradamente la necesidad de profundizar las reformas institucionales y regulatorias del sector eléctrico dominicanoo, debido al elevado nivel de subsidios, las pérdidas operativas y los desafíos de sostenibilidad financiera que persisten desde hace décadas.
El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ha experimentado una expansión considerable durante los últimos años. Al cierre de 2025, la capacidad nominal instalada del país se aproximó a los 6,000 megavatios (MW), sustentada principalmente en generación térmica a gas natural y carbón, complementada por una creciente participación de fuentes renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica.
La composición aproximada de la capacidad instalada nacional presenta la siguiente estructura:
