Durante la discusión de la ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y después de su aprobación, se realizaron y realizan críticas valederas y en muchos casos mitológicas, con relación a la autonomía municipal. En un tipo de ley como la señalada es natural y bueno que la sociedad se pronuncie. Dentro de la misma están envueltos intereses políticos, económicos, sociales, corporativos y hasta personales
Ninguna ley tiene legitimidad total. Una ley siempre será un pacto político y social. Su calidad depende del sistema político en el cual se inserta, de la participación ciudadana y de la voluntad política para su ejecución. Por eso, hay legislaciones que agotan un gran recorrido durante sus estudios. Los primeros escritos sobre la necesidad de legislación específica para el ordenamiento territorial razonado por parte de actores políticos públicos datan aproximadamente al año 2013. Aunque los debates sobre los asentamientos humanos se iniciaron en la década de los años 80s.
En mi opinión, con datos, la autonomía municipal como derecho para normar y gestionar política y administrativamente el territorio por parte de los gobiernos locales ha sido profundamente fortalecida en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (Ley 368-22). He preparado casi 150 preguntas que dan respuestas al contenido de la ley en cuanto al sistema de ordenamiento territorial y sus instrumentos, los usos de suelo y el nuevo enfoque para los asentamientos humanos. Para esta entrega responderé únicamente algunas de las respuestas vinculadas a la participación institucional de los gobiernos locales en la planificación y la ejecución de políticas de ordenamiento territorial.
Los opositores partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, aliados desde las elecciones del 2016, disminuyen sustancialmente sus representaciones municipales, pues de 76 alcaldes escogidos en sus boletas, en las elecciones del 2020, se han marchado 27, equivalente a 35.2%, un poco más de un tercio.
El daño que acarrea el PLD y el PRD no solo se refleja a nivel de síndicos de ayuntamientos municipales, pues la herida se ramifica con la pérdida de más de 30 distritos municipales y decenas de regidores y vocales.
De los 27 síndicos que se marcharon, 20 fueron elegidos en el PLD y siete en la alianza PLD-PRD.
El Comité de Lucha Populares por la construcción de la carretera Bayaguana cruce de Guerra, transportistas, autoridades provinciales y municipales, se reunieron este sábado en busca de solución a la demanda de las organizaciones sociales, que exigen que los trabajos sean iniciados la próxima semana.
Wilson Roble (Cuni) manifestó que dieron un plazo de 15 días al Ministerio de Obras Públicas, que no hay marcha atrás y que si no inician los trabajos de la carretera realizarán un paro con tiempo indefinido, en el municipio Bayaguana.
El presidente Luis Abinader, inauguró un nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en el municipio Monción, en un acto donde estuvo acompañado del ministro de Obras Públicas Deligne Ascención, quien fue el encargado de la obra.
La inversión de estos trabajos supera los cincuenta millones de pesos y beneficia una comunidad educativa superior a los 200 infantes, parte del plan de ampliación de los servicios a la primera infancia que impulsa el presidente Abinader.
Tras una pausa de dos años por los efectos de la pandemia, los trajes y comparsas carnavalescas vuelven a desfilar por las calles de la Vega.
“Las estructuras e instalaciones ya están en su etapa final. Estamos listo para dar el ‘grito de guerra’ y, en breves horas, disfrutar de esta gran fiesta cultural carnavalesca más grande el país”, expresó el alcalde de la provincia, Kelvin Cruz.
Cuatro centros educativos del Distrito Educativo 08-04 se dieron cita en el Debate Estudiantil sobre Libertad de Expresión, actividad organizada por la Fundación Solidaridad
El presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Ricardo Fondeur Victoria, declaró que no debe avanzarse en el debate sobre la explotación minera en la cordillera Septentrional sin contar primero con estudios ambientales concluyentes.