La alcaldesa Carolina Mejía, a través de Google, anunció 250 becas a estudiantes para que se preparen en el programa Google Skill Boost, sobre el análisis de datos e inteligencia artificial.

El acto fue encabezado por Mejía, en el Salón Futuro I del Centro Futuro, una dependencia de la Alcaldía del Distrito Nacional que ofrece capacitación gratuita en Cristo Rey.

La iniciativa pertenece a una plataforma oficial de aprendizaje en línea de Google Cloud que proporciona cursos, laboratorios prácticos y rutas de aprendizaje para desarrollar habilidades en tecnología.

Un proyecto ya en maqueta del Instituto de Cartografía busca modificar la determinación geográfica de esta provincia. La iniciativa discutida con las alcaldías y juntas distritales, pretende anexar parte del territorio a Barahona.

Está zona fronteriza de la región Enriquillo, en el suroeste, limita con Haití al oeste, las provincias de Independencia y Barahona al norte y este, y el mar Caribe al sur y este, lo que crea un litoral costero marino llamativo para el desarrollo turístico.

Los alcaldes de San Cristóbal, Yaguate y Cambita, y los directores de Hatillo y Doña Ana lograron consenso con relación a la administración del vertedero de Ingenio Nuevo, acordaron que la compañía que resulte adjudicada para la recogida de los desechos sólidos en estas demarcaciones cumpla con los requerimientos, de manera que no sea afectado el bienestar de la población. Superan una crisis registrada en las últimas semanas.

Tras la rescisión del contrato con la empresa Blue Energy, el cabildo de San Cristóbal asumió de manera directa la gestión hasta que sea contratada una compañía.

Estas autoridades, pertenecientes en materia de territorio, a la provincia de San Cristóbal depositan sus desechos en el vertedero a cielo abierto en la comunidad de Ingenio Nuevo.

Moradores en sectores cercanos a los ríos Ozama e Isabela no quieren que el Gobierno repita lo del Nuevo Santo Domingo Savio (NDS) de reubicar personas sin garantizar un destino más digno. Reaccionan a la emisión del decreto 531-25, que declara de alta prioridad la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela. Esperan que la reubicación anunciada implique llevar familias a lugares dignos.

En tanto, Ciudad Alternativa alerta que debe ser garantizado el derecho de familias con más de 60 años en los barrios a ser impactados. Ricardo González, su director ejecutivo, trae a colación la práctica de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) de sacar familias de los barrios La Ciénaga y Los Guandules y entregar dinero sin viviendas en lugares seguros.

En un hecho sin precedente, a 50 días de haber sido aprobada por el Senado la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos se mantiene “secuestrada” en el ese cuerpo legislativo, sin una explicación convincente a los gremios que conforman la municipalidad.

Con el engavetado de la ley, el Senado viola su propio reglamento, en su artículo 180, que otorga un plazo no mayor de 15 días para que una vez sancionada una normativa sea enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, o devolverla a la Cámara de Diputados, lo que no ha sucedido.

El misterioso secuestro de la citada ley, aprobada el 23 de julio, a final de la legislatura pasada, ha causado descontento entre los gremios que agrupan a los alcaldes, alcaldesa, directores y directoras, así como de regidores, que cifran sus esperanzas de obtener recursos para la higiene de sus territorios a través de la normativa.