Acento

La creciente preocupación de la sociedad dominicana sobre el desorden territorial llevó al Gobierno dominicano a acelerar la decisión para el conocimiento, aprobación y promulgación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelos y Asentamientos Humanos. Un marco orientador que tenía más de una década de discusión en la sociedad dominicana y cuyo reglamento está en la fase final de revisión para su próxima promulgación.

La Cámara de Cuentas detectó irregularidades significativas en la adjudicación de 29 contratos por RD$ 154,726,283, relacionados con obras, servicios y adquisiciones, tras una auditoría al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, correspondiente al período 2018-2019.

El antropólogo social Bernardo Matías detalló una propuesta para enfrentar los desafíos globales y dijo que un modelo basado en la confrontación, la competencia extrema y el individualismo ha generado desigualdades, conflictos y una crisis global en lo social, político y económico.

Todos tenemos anhelos y recuerdos. Unos, los enunciamos; otros se confunden con las convergencias y paradojas que traen cada despertar. Los anhelos y los recuerdos tienen voz autorial. Se palpan y, a veces, se hacen colectivos. Dejan de ser premisas nominativas y, se pueden escribir transitivamente, acercarse a su liberación discursiva cuando se emprende hacerlos real.

La Sentencia TC/0233/23 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, emitida el 12 de mayo de 2023, aborda un tema de trascendental importancia para los servidores públicos: el derecho a no ser despedidos cuando están en proceso o tienen el derecho de obtener su pensión. Este fallo refuerza la protección de los derechos laborales y de seguridad social de los empleados públicos que han cumplido con los requisitos para acceder a la jubilación. El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) saluda esta Sentencia, así como la del Tribunal Superior Administrativo, Núm. 030-02-2022-SSEN-0008, por la trascendencia que tienen en cuanto a la protección de los derechos de los empleados públicos.