Acento

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) desarrolló una intervención, a través de varios trabajos en la Zona Colonial, para mejorar el servicio energético a los clientes en dicha área del Distrito Nacional. Los puntos tratados inmediatamente fueron identificados de manera coordinada con representantes de los comerciantes y habitantes en la Zona Colonial y áreas circunvecinas, con quienes se reunió en dos ocasiones un equipo de Edeeste, encabezado por su gerente general, Andrés Portes. En los encuentros participaron representantes de la Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde (Asoconde), la Junta de Vecinos y la Asociación de Bares de la Zona Colonial, entre otras.

El activista social y presidente de la Fundación Solidaridad, Juan Castillo, consideró que a pesar de los avances que se han logrado en el orden municipal, los funcionarios de los ayuntamientos, específicamente los alcaldes, no actúan con la autonomía que les otorga la Constitución. Según plantea Juan Castillo, los funcionarios municipales están llamados a actuar por decisiones propias y asumir políticas, sin tener que adherirse a los lineamientos del Poder Ejecutivo. Consideró que los alcaldes, por asuntos políticos, prefieren buscar padrinazgo paras las cosas que están llamados a hacer por iniciativa municipal. “No asumen que son gobiernos locales y están pendientes de que tal ministro me ayude”, aseguró Juan Castillo, conocedor de los temas de la municipalidad.

Elegir a Víctor D’Aza como secretario general de la Liga Municipal Dominicana abrió los apetitos de los entendidos en municipalismo en el país. Aspirar a que la institución edilicia encabezara el proceso de Presupuesto Participativo Municipal parecía una utopía. Esta columna regresa siempre al tema del municipalismo, por ejemplo: en septiembre 2020 salió el articulo “La cuestión de la LMD. Léase el próximo enero”. Entre otras cosas, dice, “D’Aza no es un político que llega a los puestos a sentarse”. Dos años de gestión en la Liga son suficientes para confirmar la aseveración anterior. Lo cogió fácil La Liga Municipal, en el pasado, le cogió miedo al boom envolvente de la participación. Prefirió el camino fácil. Es decir, dejó el balón en la cancha de la Federación Dominicana de Municipios. La Federación de Municipios, entonces encabezada por D’Aza, paseó la bola por el estadio de la cooperación para entrar al mundo de los proyectos. Pero, hoy la inversión de la cooperación en PPM es limitada. La merma debilita a FEDOMU y fortalece a la LMD. ¿Es justo que la Liga Municipal aproveche la situación de debilidad de la Federación de Municipios para soltarla en banda y asumir el liderazgo del PPM?

Han pasado 17 años, desde que se aprobó de forma unánime en la Sala Capitular Regidores del Ayuntamiento, la Resolución Municipal 2760-06 que conformó el Consejo del Centro Histórico de Santiago de los Caballeros. Un órgano creado por el gobierno local y gestado como asociación sin fines de lucro (ASFL), amparado en las leyes 122-05 y 176-07, de las ONGs y los municipios. Su domicilio social se ubicó en la calle Del Sol número 122, esquina oeste de la calle Presidente Guzmán (antigua General López), situado en el casco fundacional de la ciudad novia del Yaque. Esas fueron las oficinas de la gobernación mientras, el edificio de esta entidad era remozado desde 2006-2007. Se destaca que vía un convenio interinstitucional entre Arquidiócesis, Gobernación y CDES, este inmueble se cedió para las funciones ejecutivas de este consejo.

Se trata de la Reserva Forestal Loma Novillero que es de vital importancia para el recurso agua, que alimenta cuencas de ríos como el Haina, Isabela y Ozama. Es zona limítrofe con Yamasá, donde nacen aproximadamente 20 ríos y arroyos. La Procuraduría Especializada del Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó un operativo en la Reserva Forestal Loma Novillero, ubicada en el municipio Villa Altagracia de la provincia San Cristóbal, donde arrestó a una persona a quien acusa de violación a las leyes medioambientales. La incursión de la autoridad, que se llevó a cabo con una orden judicial y con el apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), se ejecutó tras varias inspecciones de técnicos de Medio Ambiente que verificaron "la realización de actividades ilegales en la zona".