Acento

La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron la renovación del acuerdo interinstitucional que tiene por objetivo fortalecer los gobiernos locales en materia de compras y contrataciones de bienes y servicios. El convenio fue suscrito en el marco de la reunión del Consejo Directivo de Fedomu por el presidente de esa entidad y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, y el director de la DGCP, Carlos Pimentel. Este acuerdo contempla trabajar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos locales para la adquisición de obras, bienes y servicios, a fin de garantizar la adecuada implementación de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas y el uso del Portal Transaccional.

El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, agotó este sábado una agenda por tres provincias de la región este del país, con la finalidad de dar seguimiento a los programas y proyectos que ejecuta el Gobierno. Las provincias visitadas fueron San Pedro de Macorís, La Romana y Hato Mayor y en cada una de esas demarcaciones se reunió con las autoridades civiles y municipales, con quienes hizo un recuento de las obras de infraestructura que se ejecutan en la presente administración de Gobierno. “Fuimos a ver los avances de los proyectos y cuáles son los temas principales. Nos hemos reunidos con las principales autoridades de las provincias visitadas, que siempre están atentas a las necesidades de la comunidad”, dijo el ministro.

Camino al escenario, por la carretera de la bauxita, a la izquierda, frente a la playa, el aeródromo lucía activo. Unas diez naves, entre aviones pequeños y avionetas, en rampa. Habían traído funcionarios, inversores e invitados. Las áreas de cada área de los 13 hoteles que serían edificados (nueve en la primea etapa), estaban perfectamente identificadas con vallas grandes a color. El viento batía duro en Cabo Rojo, municipio Pedernales, en el extremo más austral del territorio nacional, la mañana del 5 de febrero de 2023. Chirriaba el techo del salón montado para recibir al presidente Luis Abinader y unos 300 invitados especiales, que temprano coparon los espacios; los pilares de aluminio que sostenían las vigas de igual metal, seguían erectos, resistiendo los ventarrones. El polvo estaba alborotado, pese que camiones cargados de agua circularon por el área desparramando chorros casi hasta la hora de comienzo del acto. En el pueblo dicen que la sequedad y el viento seco de la cuaresma comenzaron a destiempo. Enfrente, muy cerca de allí, la hermosa playa se hacía la indiferente ante la brisa seca; sus olas se desplazaban suavemente hasta perderse en la arena de la costa. Unos cuantos bañistas aprovechaban la quietud y transparencia de las aguas, mientras decenas de prosélitos del oficialista Partido Revolucionario Moderno se arremolinaban en derredor de las instalaciones donde sería celebrada la ceremonia.

Las acciones cotidianas terminan condicionando el desarrollo profesional de los ciudadanos. Será que un chofer de carro de concho se hizo ingeniero para construir las vías de comunicación terrestre. La entrega anterior definió el carro de concho, la voladora y el motoconcho. Nada sobre las vías de circulación y el Impuesto a la Circulación Vehicular llamado “marbete”. El parque vehicular dominicano tiene 5 millones 285 mil 603 unidades, de los que un millón 684 mil 837 estaban previstos para renovar el marbete para el periodo 2022-2023. Pero, solo el 91% cumplió con el plazo establecido hasta el 31 de enero. Cerca de 200 mil propietarios ignoró el llamado y, están negados a pagar recargo. Quieren prórroga.

Durante la discusión de la ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y después de su aprobación, se realizaron y realizan críticas valederas y en muchos casos mitológicas, con relación a la autonomía municipal. En un tipo de ley como la señalada es natural y bueno que la sociedad se pronuncie. Dentro de la misma están envueltos intereses políticos, económicos, sociales, corporativos y hasta personales Ninguna ley tiene legitimidad total. Una ley siempre será un pacto político y social. Su calidad depende del sistema político en el cual se inserta, de la participación ciudadana y de la voluntad política para su ejecución. Por eso, hay legislaciones que agotan un gran recorrido durante sus estudios. Los primeros escritos sobre la necesidad de legislación específica para el ordenamiento territorial razonado por parte de actores políticos públicos datan aproximadamente al año 2013. Aunque los debates sobre los asentamientos humanos se iniciaron en la década de los años 80s. En mi opinión, con datos, la autonomía municipal como derecho para normar y gestionar política y administrativamente el territorio por parte de los gobiernos locales ha sido profundamente fortalecida en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (Ley 368-22). He preparado casi 150 preguntas que dan respuestas al contenido de la ley en cuanto al sistema de ordenamiento territorial y sus instrumentos, los usos de suelo y el nuevo enfoque para los asentamientos humanos. Para esta entrega responderé únicamente algunas de las respuestas vinculadas a la participación institucional de los gobiernos locales en la planificación y la ejecución de políticas de ordenamiento territorial.