El Caribe

Las montañas de basura en el vertedero de Duquesa están bajando. La intervención que realizan las autoridades para el acondicionamiento del botadero, donde se vierte toda la basura del Gran Santo Domingo, se encuentra avanzando. Y una muestra de ello es que, según explicó Jesús Aybar, subdirector de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el tiempo que se tomaban los camioneros para entrar al vertedero y desechar los residuos sólidos se ha reducido porque se habilitaron los caminos internos. “Un camión que antes tenía que hacer una fila y que tenía que durar entre dos o tres horas promedio, hoy ya podemos decir que están botando en unos 15 minutos. Al esto suceder así vemos más camiones en la ciudad recogiendo los desechos que generamos”, explicó.

Una de las dificultades que se presentarán para poder aplicar la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20, la cual ordena que en tres años se eliminen los vertederos a cielo abierto y se hagan rellenos sanitarios intermunicipales o plantas de tratamiento, es que la mayoría de las comunidades rechazan que en sus territorios se manejen residuos que se producen en otras localidades.

“Todo se reduce a un tema que crea conflicto entre las autoridades de los municipios y la facultad de definir el uso de suelo que tendrían los distritos municipales”, así introdujo la senadora Faride Raful su explicación en torno a las discusiones que ha generado la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Esto a sabiendas de que la presidenta de la comisión bicameral que trabajó la pieza y un grupo de legisladores votaron en contra de la iniciativa en esa sesión, disgustados con la modificación que sufrió en la Cámara de Diputados (CD), sumándose otros sectores a este descontento. Al conversar con elCaribe para arrojar luz al tema, la senadora perremeísta detalló que la comisión bicameral asumió el criterio establecido en la reforma electoral de 2019 (aplicada en 2020), donde las autoridades de los distritos municipales son electas de forma directa y no son subordinadas a la de ningún municipio cabecera. Asunto que, según Faride, los municipios desfavorecen.

El Senado de la República Dominicana aprobó en única lectura y convirtió en ley el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano. La pieza contó con 16 votos a favor y ocho en contra, incluyendo a Faride Raful, presidente de la comisión bicameral que trabajó la iniciativa. Esto fue luego de una agria discusión de algunos legisladores, inconformes con la Cámara de Diputados por devolver el proyecto modificado. La iniciativa había sido aprobada por los senadores, por eso fue sancionada en única lectura. Los cambios consisten en que se decidió fusionar la iniciativa que vino del Senado, sancionada el pasado 27 de octubre, con la de la Cámara Baja. La primera pieza, es una propuesta de los senadores Ricardo de los Santos (PRM-provincia Sánchez Ramírez) y Félix Bautista (FP-provincia San Juan); y la segunda, del diputado Máximo Castro Silverio (PRSC-provincia Santiago). En su intervención, el senador Bautista -Bauta- Rojas (FP) denunció que en la Cámara de Diputados desapoderó al órgano rector, que es el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, para entregarlo a los gobiernos locales. En ese sentido, explicó que en muchos municipios y distritos no hay las capacidades necesarias para trabajar el tema de ordenamiento territorial.

El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, informó a todos los alcaldes municipales y distritales para que tengan en cuenta la nueva distribución del gasto municipal dispuesta en la Ley 366-22 de Presupuesto General del Estado y en la que se incluye una disposición que suspende durante el ejercicio presupuestario del 2023, los porcentajes actuales que delimitan cómo los gobiernos locales deben invertir los recursos procedentes de las transferencias ordinarias. Según lo dispuesto en la Ley 366-22, para la elaboración de los presupuestos municipales que se ejecutarán el próximo año, los nuevos porcentajes de distribución del gasto serán: hasta un 30% de la transferencia ordinaria para gasto de personal y nómina, al menos el 30% para inversiones de capital e infraestructura, hasta un 36% para servicios municipales y un 4% destinado a programas de educación, salud y género.