Entre sus principales funciones figuran dar seguimiento a la ejecución física y financiera de los programas financiados por DO Sostenible, verificar que los recursos sean destinados exclusivamente a los fines establecidos por la Ley 225-20, solicitar información para el cumplimiento de sus labores, recibir observaciones y recomendaciones de ciudadanos y actores vinculados al sector, así como emitir informes periódicos y un informe anual de veeduría que será publicado en la página web del fideicomiso. También podrá formular recomendaciones para fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la mejora continua de la gestión.
El referido decreto destaca que la gestión eficiente y transparente de los recursos administrados por DO Sostenible contribuye a proteger el medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo de un sistema de manejo de residuos ambientalmente sostenible.
La medida responde a los principios constitucionales de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, así como a las disposiciones establecidas en la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, 28-23 sobre Fideicomiso Público y 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificaciones.
