A las 7:35 de la noche de ese viernes social, un grupo de 10 jóvenes reunidos en un semicírculo habla en tonos elevados para contrarrestar el volumen de la música que sale de una vivienda. A pocos metros, un señor de unos 50 años está sentado frente a su casa, desde donde también suena otra radio con una bachata clásica.
Más adelante, hay dos señoras, Mely Ramírez, de 56 años, y Carmen Jerez, de 69, que socializan frente a sus residencias sobre la cotidianidad de la vida, mientras otra música se escucha en el fondo.
Esa es la cotidianidad en el callejón de La Javilla, en la extensa y agitada avenida John F. Kennedy, uno de las decenas que hay en Santo Domingo, ciudad que ostenta el título de «Cuna de la civilización en América» y cumplirá en agosto próximo 530 años de fundación, pero apenas hace cuatro que promulgó una ley de ordenamiento territorial que prohíbe estos asentamientos.
En el tramo de unos 200 metros lineales, donde la sobrepoblación y los angostos laberintos urbanos definen el entorno, operan pequeños negocios —ferreterías, bancas, salones de belleza, colmados, peluquerías, ventas de pacas y frituras— que buscan satisfacer la demanda de los residentes, quienes conviven en viviendas apiñadas de hasta tres niveles, mientras en los alrededores hay extensas calles y apartamentos valorados en más de 15 millones de pesos.
Ahí, en medio de esa aglomeración, Mely y Carmen llevan viviendo 40 y 20 años, respectivamente. Sentadas sobre el tubo de metal que conduce el agua, dicen que están cómodas. Pese al bullicio, resaltan que ya están adaptadas y valoran la sana convivencia entre los vecinos. «Esa bulla, si no la prenden, me hace falta», indica la señora Carmen.
