Acento

Las acciones cotidianas terminan condicionando el desarrollo profesional de los ciudadanos. Será que un chofer de carro de concho se hizo ingeniero para construir las vías de comunicación terrestre. La entrega anterior definió el carro de concho, la voladora y el motoconcho. Nada sobre las vías de circulación y el Impuesto a la Circulación Vehicular llamado “marbete”. El parque vehicular dominicano tiene 5 millones 285 mil 603 unidades, de los que un millón 684 mil 837 estaban previstos para renovar el marbete para el periodo 2022-2023. Pero, solo el 91% cumplió con el plazo establecido hasta el 31 de enero. Cerca de 200 mil propietarios ignoró el llamado y, están negados a pagar recargo. Quieren prórroga.

Durante la discusión de la ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y después de su aprobación, se realizaron y realizan críticas valederas y en muchos casos mitológicas, con relación a la autonomía municipal. En un tipo de ley como la señalada es natural y bueno que la sociedad se pronuncie. Dentro de la misma están envueltos intereses políticos, económicos, sociales, corporativos y hasta personales Ninguna ley tiene legitimidad total. Una ley siempre será un pacto político y social. Su calidad depende del sistema político en el cual se inserta, de la participación ciudadana y de la voluntad política para su ejecución. Por eso, hay legislaciones que agotan un gran recorrido durante sus estudios. Los primeros escritos sobre la necesidad de legislación específica para el ordenamiento territorial razonado por parte de actores políticos públicos datan aproximadamente al año 2013. Aunque los debates sobre los asentamientos humanos se iniciaron en la década de los años 80s. En mi opinión, con datos, la autonomía municipal como derecho para normar y gestionar política y administrativamente el territorio por parte de los gobiernos locales ha sido profundamente fortalecida en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (Ley 368-22). He preparado casi 150 preguntas que dan respuestas al contenido de la ley en cuanto al sistema de ordenamiento territorial y sus instrumentos, los usos de suelo y el nuevo enfoque para los asentamientos humanos. Para esta entrega responderé únicamente algunas de las respuestas vinculadas a la participación institucional de los gobiernos locales en la planificación y la ejecución de políticas de ordenamiento territorial.

A nuestro entender y de acuerdo al plan de desarrollo institucional de esa entidad; la nueva Liga Municipal Dominicana (LMD), resultará de cuatro (4) trasformaciones sustantivas. Apoyo al financiamiento formal desde el Estado a los gobiernos locales; la gestión reformadora del gabinete presidencial por la descentralización y transferencia de competencias; más exenciones fiscales para equipar tecnológicamente las alcaldías y las propuestas y subsecuentes aprobaciones congresuales de una nueva base legal sobre la administración local municipal. La planificación estratégica territorial es la mejor herramienta para involucrar de abajo hacia arriba, a todo el liderazgo y los actores estratégicos que son corresponsables del desarrollo local, entre ellos la LMD. Todas y todos lo que pueden apostar al éxito de un proyecto de como transformar la LMD “con la gente adentro”. En la perspectiva del convenio que Santiago tiene con la Presidencia de la República y Compromiso Santiago, en el contexto del Plan Estratégico 2030, la Liga Municipal Dominicana, tiene mucho que aportar a los municipios del Cibao. También a todos los gobierno locales de la República Dominicana. Es decir, los 158 municipios y 232 distritos municipales. También el Congreso de la República y los diferentes ministerios, deben tener en la Liga Municipal, una referencia decisiva para las políticas públicas y proyectos de desarrollo local. La Liga Municipal Dominicana (LMD) es una dependencia del Estado de 84 años de fundada. Creada por la ley 49 del año 1938. El primer precepto de competencias de esta ley, atribuye que esta entidad debe “promover el más eficaz espíritu de cooperación y ayuda mutua entre los municipios”.

El slogan: ¡La hora de Pedernales ha llegado!, se repite por años buscando capturar el favor del pueblo como licencia para canalizar los recursos que sean necesarios para el rescate de una zona olvidada e históricamente matizada por sus condiciones de precariedad. Esta consigna se materializa en el Proyecto Cabo Rojo con una inversión plurianual proyectada de tres mil millones de dólares (US$ 3,000 MM) destinado hacia la consolidación de un complejo hotelero integrado por 4,700 habitaciones, un puerto turístico, un aeropuerto internacional y la infraestructura pública para el soporte de estas instalaciones. Sin embargo, el éxito de Pedernales no se circunscribe a la construcción del esperado proyecto de Cabo Rojo, sino que esta inversión apalancada por el Gobierno a través del aporte de la tierra y la construcción de la infraestructura pública identificada es el ancla para impulsar el rescate integral de la región más pobre del país… la región Enriquillo.

El profesor Omar Bouazza Ariño (Bouazza Ariño, 2006) sostiene que la clave para cumplir con el mandato constitucional de uso sostenible y eficiente de los recursos naturales radica en la elaboración y ejecución de una ordenación y planificación turística integral del territorio. Desde finales de la década de los sesenta, todos los gobiernos del país han hecho una apuesta definitiva al desarrollo del turismo y a la expansión de sus actividades conexas como parte del modelo económico que hemos adoptado para un buen aprovechamiento de nuestros recursos naturales, de nuestra geolocalización y del carisma de nuestra gente. El desarrollo del turismo ha tenido un impacto importante en los territorios clasificados como “polos turísticos”, que además de crear nuevas fuentes de empleos y de un incremento de la actividad económica sin precedentes, también ha implicado un crecimiento urbano no ordenado que tiene como consecuencia la explotación no sostenible de los recursos naturales, la erosión de los litorales y la proliferación de asentamientos en zonas de alto riesgo medioambiental o con importantes niveles de hacinamiento que contrastan con la nitidez de las instalaciones turísticas y sus contornos debidamente urbanizados.